VENEZUELA. Baja rentabilidad del agro obliga a refinanciar deudas del sector

Las políticas de control aplicadas a la agricultura han traído como consecuencia la contracción del aparato productivo, sumiendo a la actividad en un recesión financiera que se ha convertido en un obstáculo para la reactivación del sector.

La regulación en los precios de las principales materias primas agrícolas -arroz, maíz, girasol, café, sorgo- por debajo de los costos de producción descapitalizó a los productores, dejándolos sin capacidad de maniobra para hace frente a las contingencias climáticas que se presentaron entre 2009 y 2011, y que originaron considerables pérdidas de la producción.

De allí que el Ejecutivo tuviera que aplicar medidas especiales de atención al sector agrícola, en vista de que muchos agricultores quedaron incapacitados para hacer frente a los compromisos adquiridos con la banca pública y privada, porque producen a pérdida o al costo, sin margen de utilidad.

En los últimos cinco años, el Ejecutivo ha promulgado tres decretos, vía Ley Habilitante, para normar el pago de los créditos agrícolas. El primero de ellos fue en julio de 2008, justo antes de que se vencieran los poderes especiales del Presidente Chávez para legislar.

El instrumento estaba dirigido a supervisar la asignación de recursos a los productores a través de la cartera agrícola bancaria, la fijación de la tasas de interés, plazos de pago, rubros estratégicos y lineamientos para el financiamiento.

La emergencia que se generó en el país como consecuencia de las lluvias ocurridas durante el último trimestre de 2010 y el primer trimestre de 2011, dio pie al Ejecutivo para dictar un nuevo decreto para la reestructuración o condonación de las deudas agrícolas, para aquellos productores que hubiesen perdido sus cosechas en los estados afectados.

La medida no tuvo mayor impacto en el sector. La revisión no se realizó a tiempo y el efecto de las lluvias sobre los cultivos fue determinante, y por tercer año consecutivo la agricultura se mantuvo en recesión.

En 2011, tanto el Ministerio de Agricultura y Tierras como Fedeagro reportaron decrecimiento en la producción de rubros básicos, y a pesar de que el ex ministro Juan Carlos Loyo dijo que el agro había crecido 1% ese año, las estadísticas de su despacho, plasmadas en la Memoria y Cuenta, revelaron que la producción retrocedió 0,57% el año pasado.

Desde entonces los productores manifestaron al Ejecutivo la necesidad de que se aplicaran mecanismos de ayuda a los productores, en vista de que el nivel de endeudamiento de los agricultores impedía invertir en la producción.

Fedeagro ha manifestado que este año la banca privada revisó los casos de sus agremiados y aplicó mecanismos de reestructuración de deuda o condonación, dependiendo del caso.

Recientemente se reformó una vez más la Ley de Atención al Sector Agrario, que amplió el rango de acción para atender a los productores que perdieron la totalidad de sus cosechas por el clima entre 2009 (cuando hubo sequía) y 2011.

Si bien el sector recibió con beneplácito la medida, los productores expresaron que la misma debe ir acompañada de un plan de financiamiento. Las garantías para la solicitud de créditos se han ido reduciendo con el tiempo. La Ley de Tierra impide poner en garantía tierras y bienhechurías y la cosecha no cuenta por el nivel de riesgo que implica.

El financiamiento público este año ha sido escaso, sobre todo para rubros como café, cacao, sorgo, donde no se han desembolsado los recursos. La banca privada en muchos casos no es una opción, pues los productores no pueden seguir asumiendo compromisos, hasta tanto se eleve la rentabilidad de la producción.

Si bien estos mecanismos han buscado incentivar la producción en el campo, los resultados no han sido los esperados, en buena medida, por el entorno que afecta al sector: precios controlados, falta de financiamiento y escasez de insumos.