GUATEMALA. Cuestionan la potestad de SAT para sancionar

Desde que se aprobó el Decreto 4-2012, más conocido como Ley Antievasión II, son varios los problemas que el sector empresarial ha denunciado. La Cámara del Agro (Camagro) cuestiona la potestad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para emitir sanciones.

La inconformidad está concentrada en la acción de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 31 y 50 solicitada el 9 de marzo por la citada gremial, por medio de su entonces presidente Otto Kuhsiek.

Ayer se llevó a cabo la vista pública para que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) escucharan los argumentos presentados en contra y a favor de esta normativa.

La Corte decidió suspender de manera provisional el 10 de mayo el Artículo 31, referido a la simulación fiscal, ahora quedaría pendiente emitir la resolución definitiva (lea: Los señalamientos).

Kuhsiek opinó: “Esperamos que nos den el fallo definitivo de la suspensión que ya existe, y esperamos que la Corte se pronuncie en la misma línea”. Además, agregó que están analizando si se van a interponer otros recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Aduanas.

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Andrés Castillo, explicó que lo que se pide es que haya un debido proceso y que el contribuyente si debe ser “condenado”, primero sea escuchado en las audiencias y si el juez decide que hay cierre de los establecimientos, pues se respetará.

Anticipaciones

Castillo coincidió en que se está haciendo un análisis de la Ley de Aduanas y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que entra en vigencia el otro año, “para ver si vale la pena accionar en contra porque lo que se busca es que haya certeza jurídica”.

El recién nombrado presidente de la Camagro, José Molina, quien desde el 5 de junio está al frente de este sector, agregó: “Queremos un Estado de Derecho que funcione y que las leyes sean las adecuadas para que el país marche bien en todo sentido”.

El problema, según Molina, es que “corrieron mucho con el tema fiscal y no dio tiempo de revisar los textos de forma adecuada”.

Vista pública

La defensa de la SAT, representada por Lesvia Ovalle, señaló ante los magistrados que son disposiciones de carácter administrativo y todo el proceso se lleva conforme a las normas tributarias, por lo que no considera violatorios los párrafos impugnados.

El fiscal de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público, Gilberto Porres, apoyó a la SAT, pues consideró que no es necesario declarar inconstitucionales los artículos solicitados por la Camagro.

FUENTE: S21