“El Acuerdo lesiona tres principios básicos de la Constitución. También nos preocupa la iniciativa 40-84, que es una copia de ese Acuerdo, con los mismos vicios y que está en el Congreso de la República en este momento”, refirió Stuardo Ralón, abogado de la Unión de Cañeros.
El representante legal puntualizó que se le ponen límites a la propiedad privada y eso no lo permite la Constitución, “pues habla de una política agraria para regular y democratizar el uso de la tierra”.
“También se crea un ente llamado gabinete de Desarrollo Rural, formado por varios ministros, al que le otorgan las facultades que la constitución le da a los Consejos nacionales de Desarrollo Urbano y Rural”, agregó Ralón.
El otro aspecto mencionado por el abogado es que “se cambia el sistema descentralizado del Consejo de Desarrollo a uno centralizado por el Ejecutivo”.
José Molina, presidente de la Camagro, expresó: “No nos oponemos al desarrollo rural, pero se están planteando las inconstitucionalidades”.
El acuerdo gubernativo 196-2009 entró en vigencia el 14 de julio de ese año, durante el gobierno de Álvaro Colom, mientras que la iniciativa de ley 40-84 se encuentra en el Congreso de la República.
FUENTE: Prensa Libre
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