Hace ahora medio siglo, la Comunidad Europea ponía en marcha la Política Agrícola Común (PAC) en una Europa marcada por la posguerra y donde una de las preocupaciones más importantes de los gobernantes era asegurar el abastecimiento de materias primas para la alimentación de la población. Durante muchos años, la PAC fue la única política común y, en consecuencia, era la que se llevaba la mayor parte de los recursos comunitarios que llegaron a suponer en los años ochenta hasta el 70% del presupuesto.
De una situación de casi monopolio de los recursos, la PAC ha ido dejando paso a otras políticas como la innovación, el empleo o la política de cohesión, pero se mantiene como la más importante en volumen de fondos, en número de agricultores beneficiados (cinco millones) y por su papel en la cohesión territorial. El futuro de la PAC, según la propuesta para la reforma actualmente a debate, está asegurado con un volumen de casi 60.000 millones de recursos hasta el año 2020, aunque los mecanismos actuales para su aplicación no tienen nada que ver con el pasado. Hoy, del presupuesto comunitario, la PAC significa solamente el 30% para pagos directos y ayudas de mercado, junto a otro 11% para desarrollo rural, en una línea claramente descendente
La PAC nacía en 1962 para la organización comunitaria de los mercados agrarios, basada fundamentalmente en una política con tres precios clave: un precio indicativo, o el deseable para incentivar la producción de agricultores y ganaderos; un precio de intervención a partir del cual los organismos de regulación adquirían todos los productos excedentarios, y un precio umbral o de entrada, pensado para proteger las cotizaciones en el mercado interior con gravámenes y el funcionamiento en la dirección contraria de restituciones a la exportación, con el objetivo de dar salida en los mercados exteriores a las producciones comunitarias.
La PAC nacía en 1962 para la organización comunitaria de los mercados agrarios
La aplicación de esta política de apoyos vía precios y protección de los mercados supuso pasar de una situación deficitaria a la existencia de grandes excedentes de cereales, leche en polvo, mantequilla o carnes. Este éxito de la PAC dio lugar en los años ochenta a la introducción de mecanismos estabilizadores para frenar la oferta, como la asignación de cuotas de producción y las tasas por la superación de las mismas en leche o cereales.
El recorrido de la PAC en este medio siglo ha sido un camino de reformas que han conjugado los intereses propios de los mercados comunitarios, las disponibilidades financieras y las exigencias de organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio. En esa línea se halla la primera gran reforma acometida en 1992, cuando se decidió seguir profundizando en el establecimiento de cuotas de producción —caso de los cultivos oleaginosos—, fijar un máximo de animales con derecho a las ayudas en las explotaciones, abandonar tierras o incentivar jubilaciones anticipadas, junto a la apertura de un proceso de reducción de los precios institucionales a los que se comenzaba a complementar con ayudas vía pagos directos.
La segunda gran reforma se concretó en la Agenda 2000, con la que Bruselas continuó las rebajas de los precios de intervención y su compensación con ayudas directas, dio un mayor protagonismo a los mercados e impulsó la política de desarrollo rural.
Sobre el papel, en 2003 se debía producir solamente una revisión de la reforma anterior. Sin embargo, Bruselas aprobó una nueva donde el punto más destacable fue el inicio de la política de los pagos desacoplados y el pago único para aplicar una ayuda directa a la explotación en función de los derechos históricos, al margen de las producciones reales.
En 2008 se aprobó finalmente el llamado Chequeo Médico de la PAC donde se profundiza en las políticas acordadas en la reforma anterior para el desarrollo de los pagos desacoplados al margen de las producciones reales, así como con el recorte en las políticas de intervención y dejar el sector al juego de los mercados.
Hoy, la actual propuesta de reforma mantiene la filosofía de reducir o eliminar los mecanismos de regulación y, sobre todo, plantea un cambio total en el sistema al sustituir los mecanismos actuales basados en derechos históricos por otros donde se asignará una ayuda por superficie elegible que se quiere acercar a la media comunitaria.
Las reformas introducidas en estas cinco décadas han supuesto modificaciones básicas en la estructura y filosofía inicial de la PAC, donde destacarían dos:
Desmantelamiento en el mercado interior de las políticas de precios institucionales como garantía de rentas. Esta política ha sido sustituida por ayudas directas que no afectarán al desarrollo de los mercados de acuerdo con las exigencias marcadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Las negociaciones de los precios institucionales de los años ochenta y noventa, con los que el sector pretendía asegurar niveles de renta, han pasado definitivamente a la historia.
Esta política de desmantelamiento se aplicó igualmente de cara a los mercados exteriores con una mayor apertura de fronteras y el desarrollo de nuevos acuerdos con terceros países para facilitar los intercambios comerciales
Eliminación de los mecanismos de regulación de los mercados. Bruselas ha ido suprimiendo total o parcialmente las compras de excedentes en la intervención, así como para su almacenamiento privado, la quema de vino para obtener alcohol o la transformación de leche líquida en leche en polvo o mantequilla. Frente a situaciones de crisis en un mercado donde agricultores y ganaderos tenían aseguradas las ventas de sus productos han pasado a jugar los mercados y las intervenciones públicas se han reducido a la mínima expresión. En esta misma línea se plantea la actual propuesta de reforma, filosofía rechazada por el sector y por el Gobierno español.
Las ayudas de la PAC suponen el 30% de las rentas
de una explotación
Las principales consecuencias de estos cambios han sido las siguientes:
Mercados. Los mercados se han constituido en los protagonistas de las rentas de las explotaciones. Las ayudas directas se han consolidado como un colchón de seguridad al suponer en el conjunto de la UE una media del 30% sobre el total de los ingresos netos de las mismas. En los años noventa, los gastos para la regulación de los mercados llegaron a suponer más del 90% del presupuesto de la PAC, mientras ese porcentaje ha pasado a suponer menos del 10%.
Stock público. Las compras en intervención se han reducido a mínimos. Frente a los elevados stocks públicos de los años noventa, en la actualidad los mismos oscilan entre los casi 900 millones de euros a diciembre de 2010 a los 90 millones de diciembre de 2011, correspondiendo solo a 162.000 toneladas de cereales, 50.000 toneladas de leche en polvo y 11.000 hectolitros de alcohol. La exportación de stocks, que llegó a suponer hasta 10.000 millones de euros, se ha reducido a mínimos, 309 millones en 2009
Recorte de sectores. La dura política de ajustes que iba aparejada a las reformas de la PAC para reducir la oferta y evitar excedentes y gastos provocó la modificación de diferentes organizaciones comunes de mercado que, en la práctica, se han traducido en desmantelamiento de sectores. En el caso de España, estos serían los casos del tabaco, que pasó de 16.000 a unas 8.000 hectáreas; del algodón, que cayó de 90.000 a 50.000 hectáreas, o de la remolacha, donde la cuota de producción pasó de 982.000 a 498.000 toneladas, aunque la demanda interior es de 1.200.000 toneladas, lo que dio lugar esta campaña a elevadas importaciones en toda la UE. Productores e industria reclaman más cuota y su mantenimiento más allá de 2015.
FUENTE: economia.elpais.com
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