España: El PP propone controles aduaneros y un nuevo reglamento de precios ante el acuerdo con Marruecos

La iniciativa es similar a otra del PSOE que fue rechazada por los 'populares' por reclamar compensaciones directas a los afectados

El PP ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Agricultura del Congreso en la que, entre otras medidas, pide al Gobierno que exija a la UE controles aduaneros "eficaces" y un nuevo reglamento de precios con el objetivo de "clarificar y minimizar el impacto en las producciones hortícolas españolas" del nuevo acuerdo de asociación aprobado entre la UE y Marruecos, así como compensaciones para los afectados por el mismo.

Según el texto, que recoge Europa Press, "se hace preciso adoptar por parte del Gobierno una serie de medidas que contribuyan a clarificar y a minimizar el impacto en las producciones hortícolas españolas", especialmente en las que coinciden en el calendario de exportación a los mercados europeos con las producidas y exportadas por Marruecos.

Así, los 'populares' apuestan por reclamar a la UE "un sistema eficaz de controles aduaneros que garantice que las cantidades previstas en el Protocolo Agrícola susceptibles de beneficios arancelarios preferentes, establecidos por el contingente no son rebasados en ningún caso", así como "el cumplimiento, control e inspección de los estándares fitosanitarios, de trazabilidad de los productos, así como de seguridad alimentaria que se exigen en las producciones europeas".

Además, antes de que se elabore la nueva Política Agraria Común (PAC), el Gobierno debería presentar una propuesta de reforma del Reglamento de precios de entrada que "garantice su estricta aplicación" y también debería exigir "un seguimiento permanente del impacto de las consecuencias del acuerdo sobre los Mercados Comunitarios y sobre las rentas del sector hortofrutícola europeo".

COMPENSAR A LOS PRODUCTORES

Si este acuerdo ocasiona perjuicios a los productores europeos, el PP pide que se ponga en marcha "medidas de apoyo" para "compensar y mejorar su competitividad", comenzando por ayudas del propio Ejecutivo español para incentivar la concentración de la oferta en origen, favoreciendo la fusión de cooperativas; modernizar y ampliar las instalaciones, y promover actuaciones de I+D+i encaminadas a nuevos productos, nuevas técnicas productivas y ahorros energéticos y de inversiones.

Además, el PP reclama al Gobierno "contacto permanente" con el Gobierno francés para controlar la aplicación del control aduanero, con el sector productor español en Marruecos para evaluar información sobre el cumplimiento del Protocolo y la evolución del tomate marroquí en los mercados comunitarios, y con el Gobierno marroquí para controlar los productos exportados a la UE, así como su implicación para el mejor desarrollo de los intercambios de los productos contemplados en el Protocolo.

El nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos fue aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 16 de febrero, provocando las críticas de prácticamente toda la oposición en el Congreso, así como de los partidos de las regiones más afectadas (Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias, sobre todo), incluyendo al PP.

Las asociaciones agrarias, por su parte, anunciaron su intención de recurrirlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por las consecuencias que tendrá su aplicación, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis.

CULPA DE ZAPATERO

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente responsabilizó al anterior Ejecutivo de los "efectos negativos" que pueda producir el acuerdo, dado que votó a favor del protocolo en diciembre de 2010. Asimismo, garantizó que se realizarían las actuaciones necesarias para que se respeten "estrictamente" los términos del acuerdo y para evitar que tenga un impacto negativo en la producción española.

Así, el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, anunció en el Congreso que plantearía, en el marco de la reforma de la PAC, una "profunda modificación" de los mecanismos de precios de entrada para evitar la "competencia desleal" de países que exportan a la UE sin respetar los contingentes pactados y "hundiendo" los precios de las producciones españolas; así como el mantenimiento de los fondos de la PAC que recibe España y de los que dependen las subvenciones a los agricultores.

Además, tras reunirse en Rabat con su homólogo marroquí, Aziz Akhanouch, Arias Cañete aseguró que España trabajará en colaboración con el reino alauí para analizar las eventuales crisis del mercado hortofrutícola e "instaurar, llegado el caso, medidas correctivas si son necesarias". En la misma comparecencia criticó sin embargo a quienes "magnifican los daños" del acuerdo y señaló que las proyecciones que tiene el Gobierno sobre el impacto de este protocolo "son muy limitadas".

RECHAZO A LAS COMPENSACIONES PROPUESTAS POR EL PSOE

El pasado 13 de marzo la mayoría del PP en el Congreso rechazó una iniciativa del PSOE --que aglutinó el apoyo del resto de la Cámara-- para que el Gobierno aprobara compensaciones a los agricultores por los "perjuicios" que la prórroga del acuerdo de la UE con Marruecos les causará si no se "aplica de forma correcta, equilibrada y justa" y si no se toman "medidas complementarias".

En su propuesta, los socialistas pedían, entre otras medidas, colaboración del Ejecutivo con los agricultores españoles ante los "bajos precios de sus productos en el mercado comunitario" y la puesta en marcha de un fondo para ayudar al sector a acometer nuevas inversiones que mejoren su competitividad.

También reclamaban, "de forma inmediata y sin esperar a la próxima reforma de la PAC, una propuesta de reforma del reglamento de precios de entrada que garantice su estricta y eficiente aplicación" así como controles de los contingentes que entran en Europa, y sus condiciones fitosanitarias e higiénicas.

Sin embargo, los 'populares' rechazaron la iniciativa y propusieron una enmienda que recogía prácticamente todos los puntos excepto las compensaciones, alegando que era necesario esperar a la entrada en vigor del acuerdo para evaluar los perjuicios y rechazando poner la tirita antes de la herida.

fuente: eleconomista.es/