ESPAÑA. El Comité Asesor Agrario analiza la mejora de la cadena agroalimentaria

El Comité Asesor Agrario mantiene hoy su primera reunión. En este órgano de interlocución agraria constituido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, toman parte, además de la propia administración que tratará de coordinar las demandas del sector, todas las organizaciones que representan a las actividades económicas vinculadas a la agricultura y la ganadería. En esta primera reunión Gobierno y sector analizarán diversos temas de interés para el campo, entre los que destaca el borrador de la futura Ley de la Cadena Agroalimentaria, sobre la que las organizaciones agrarias y cooperativas tienen depositadas muchas de las esperanzas para encauzar los desequilibrios que se generan en el mercado de productos agroalimentarios. Asimismo, aprovecharán el momento para profundizar sobre la reforma de la Política Agraria Común, así como para abordar el asunto relacionado con las elecciones generales en el campo.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), que estará representada por su secretario general, Miguel Blanco, hará hincapié en la necesidad de que se acelere al máximo el proceso que culmine con la entrada en vigor de la Ley de la Cadena Agroalimentaria. Al respecto, indican desde la organización que «es imprescindible que esta nueva normativa acabe con la indefensión de los agricultores y ganaderos ante las prácticas comerciales abusivas de las grandes cadenas de distribución». Y es que, según Coag, «la posición de dominio de los cincos grandes grupos, que controlan cerca del 70% de la distribución de alimentos en nuestro país, hace que los diferenciales entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor se mantengan de media por encima del 500%».

Por este motivo, la Coordinadora agraria insistirá ante Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que «la nueva Ley refuerce la capacidad de negociación de los productores, modificando la actual regulación en materia de competencia». Así, pedirá mayores competencias para las organizaciones interprofesionales para que en puedan negociar contratos de compra-venta y elaborar índices de costes y de precios de referencia. Además, «será imprescindible la figura de un órgano de control independiente y estatal que vigile y sancione las prácticas comerciales abusivas».

FUENTE: Ideal.es