La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, señaló ayer que si Asaja decide impulsar la dimisión de sus representantes en las cámaras agrarias para intentar forzar a la Junta a tutelar su gestión les deberán sustituir los siguientes que figuren en las listas, que de ser así estarían vinculados con otras organizaciones agrarias. La máxima responsable autonómica en temas agrarios recordó que el funcionamiento de las Cámaras Agrarias está regulado legalmente, así que estas entidades camerales deberían celebrar los plenos correspondientes para formalizar esas posibles dimisiones, momento en el que entraría en juego el derecho de sustitución, al igual que sucede en cualquier entidad local, como por ejemplo un ayuntamiento. Hasta ese momento, anunció que su departamento estará «pendiente y expectante» sobre lo que ocurra.
Tal y como explicó el pasado miércoles a ABC el director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, Jesús Gómez, si finalmente se produjese esa dimisión en cadena y renunciasen a sustituirles los suplentes, la Consejería de Agricultura y Ganadería se vería obligada a nombrar una junta gestora integrada por agricultores que tomen las riendas. No obstante, Gómez, al igual que lo hizo ayer la consejera, ratificó la voluntad del Gobierno regional de «seguir hablando» y plantear «alternativas», a la vez que defendió que la cantidad destinada a las Cámaras en las Cuentas de 2012 es «muy importante» dentro de un «presupuesto muy difícil y restrictivo», informa Ical.
Y es que la protesta de la organización agraria se basa en que cree que la cantidad de 700.000 euros asignada a las cámaras (un 63 por ciento menos) por la Junta en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012 convierte en inviable su gestión. Ayer Clemente reiteró las palabras de Jesús Gómez y defendió que esa cantidad es «suficiente» para mantener «abiertas» estas entidades de derecho público. Así, según los cálculos de la Consejería de Agricultura, una «cámara tipo», esto es, integrada por seis personas y que cubra los costes laborales y de mantenimiento «ajustados» a la situación económica actual, «se pueden mantener» con las ayudas. «Pueden funcionar perfectamente, pero tiene que ajustarse, como todos», brayó Gómez, quien recordó que se trata de organismos que «no dependen de la Junta» y como tal «pueden tener otras fuentes de financiación». Línea en la que también se manifestó el consejero portavoz. José Antonio de Santiago Juárez, quien subrayó que la subvención concedida por la Junta es «más que suficiente para desarrollar sus funciones» e insistió en que la decisión de Asaja de que dimitan en bloque sus cargos electos en estas entidades es sólo de «una de las organizaciones profesionales agrarias».
«No hay que confundir mayoría con unanimidad», recalcó el consejero de la Presidencia en la reunión del Consejo de Gobierno, aunque sí reconoció que esa decisión ha sido tomada por la organización agropecuaria mayoritaria. De momento, tal y como ayer informó este periódico. la segunda opa con mayor peso, UCCL, ha abogado por abrir un «proceso de negociación» entre la Consejería, las organizaciones agrarias y las entidades camerales para analizar el futuro de éstas con el objetivo de que la Junta «realice un esfuerzo» para mantener las nueve Cámaras con unos «presupuestos dignos».
Sin embargo, Asaja insiste en que con la cantidad asignada es «matemáticamente imposible» afrontar los gastos corrientes de las nueve oficinas y el pago de los 27 trabajadores que se quedarían tras el despido de 31 de los actuales 58 planteado por el Gobierno regional para ajustarse a la situación.
FUENTE: ABC
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