ECUADOR. El Gobierno busca opciones políticas a la ley de Tierras

El ministerio de agricultura intervendrá el mercado y la producción

Eliminar los intermediarios, crear un sistema de silos, captar la totalidad de la producción de banano, diseñar un plan nacional de semillas certificadas... Las opciones para no debatir la Ley de Tierras se multiplican

El pago de la deuda agraria -principal promesa incumplida del Gobierno según el propio Rafael Correa- se acomplica. La agenda agrícola se cruzó con la agenda electoral, y en Carondelet se preguntan cómo armonizarlas. Esta semana, los funcionarios que tienen a su cargo la formulación de las políticas del sector se reunirán con el presidente para trazar una estrategia. En el medio se encuentran un proyecto de Ley de Tierras que duerme en el limbo de la Asamblea y el descontento creciente de las organizaciones indígenas que antes apoyaban al Gobierno y que hoy empiezan a tomar distancia.

De momento, todo parece indicar que la ley quedará donde está, es decir, en ninguna parte. Nadie en el Ejecutivo está dispuesto a casarse con la idea -recogida en el proyecto- de redistribuir las propiedades mayores a 200 hectáreas en la Sierra y a 500 ha en la Costa. ¿Expropiar tierras en vísperas de elecciones? No parece algo que pueda ocurrir fácilmente. En las organizaciones indígenas se dice que esto se debe al doble discurso del Régimen. En el Gobierno, a que la idea de la redistribución es inaplicable.

Pero los técnicos del Ministerio de Agricultura no descansan y ya se ha desarrollado multitud de opciones para avanzar en el tema agrícola sin tener que pasar necesariamente por las espinosas cuestiones del proyecto de ley.

Una de las más fructíferas, y de mejor presentación electoral, tiene que ver con los créditos para la compra de tierras. Con el proceso de titulación de parcelas estancado (se sabe que el número de trámites detenidos supera los 60 mil), el ablandamiento de las condiciones del crédito puede convertirse en una buena alternativa política en el agro: el interés bajó del 12% al 5%; los créditos cubrirán todo el valor de la tierra y el Estado subsidiará el 30% de ese costo.

Fuentes del Ministerio de Agricultura creen que el tema de la tenencia de la tierra puede quedar en segundo plano si el Gobierno consigue afrontar con éxito otros problemas que han sido siempre origen de injusticias en el agro. La comercialización, por ejemplo. Su plan es disminuir la cantidad de intermediarios entre productores y consumidores e incluso sustituirlos, como se plantea hacer con algunos monocultivos de la Costa.

Una empresa estatal de exportaciones se plantea crear para el caso del banano. Se espera que esto ponga fin al incumplimiento del precio oficial. El Estado diseñará un contrato único para la compra-venta de la fruta y captará la totalidad de la producción para vendérsela a los exportadores. La idea es de fácil ejecución y solo exige del Estado la erogación de un subsidio para cubrir los gastos administrativos de la operación.

El maíz y el arroz plantean problemas diferentes que el Gobierno piensa solucionar mediante la creación de un sistema de silos, algunos administrados por el Estado y otros en manos de las asociaciones de productores. La Unidad Nacional de Almacenamiento (así se llamará el sistema) actuará también como empresa comercializadora. Con esta medida, más la realización de encuestas de siembra, se aspira evitar el desfase entre producción y consumo interno, que a veces se zanja con la exportación, a veces con la importación, y siempre produce desequilibrios en el sector.

Se piensa que los silos nacionales podrían convertir al Estado en el comprador principal de una buena parte de la producción.

Este cuadro se completa con dos rubros que, se dice en el ministerio, debieran convertirse en prioritarios hasta el año próximo: un plan nacional de semillas, con un sistema de selección y certificación; y un plan de mecanización de cultivos. La idea es que, incrementando la producción y corrigiendo los desequilibrios en la comercialización, se puede neutralizar políticamente el desgaste originado por la crisis de la ley de Tierras.

FUENTE: HOY