COSTA RICA. Cooperativas se alían al agro y exigen bajar tributo a inmuebles

Grupos agrícolas y cooperativistas se unieron para realizar una marcha, el 31 de julio, en San José, en protesta por la forma de cobro del impuesto a bienes inmuebles.

La medida se anunció ayer, tras rechazar un plan para reducir en un 50% el cobro. Esa baja fue dictaminada en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, el 20 de junio. El agro quiere pagar un 20%.

Las cooperativas y el agro se enfrentan a las municipalidades, que cobran el impuesto.

En el 2007, se modificó este tributo para calcularlo con base en las Plataformas de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas (PVZH).

Según el agro, esto aumentó mucho el precio de terrenos agrícolas, pues se valoraron como zonas urbanísticas o turísticas.

Las plataformas se usan mediante un sistema de cómputo.

Las municipalidades, en tanto, aseguran que en algunos cantones el presupuesto depende en gran medida de los ingresos por ese rubro. Una baja implicaría prácticamente el cierre de algunos gobiernos locales, denunciaron una comisión de ayuntamientos que sigue el problema y la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Sin salida. Yolanda Acuña, diputada del Partido Acción Ciudadana, explicó que impulsaron lo que consideran un punto justo, para resolver el enfrentamiento entre municipalidades y agro.

De ahí salió el proyecto de ley para cobrar el 50% a las tierras que están dedicadas al uso agrícola. Pero Álvaro Sáenz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), calificó el plan como un insulto a la inteligencia de los agricultores.

La CNAA, la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional) y la Unión de Productores Agropecuarios Independientes de Pérez Zeledón (UPIAV) organizan la marcha del 31 de julio. Ayer se unieron el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y la Federación de Cooperativas Agroindustriales y de Autogestión (Fecoopa).

Sáenz argumentó que el valor de los “lotes tipo” en las PVZH se calculó con base en características urbanizables. Por eso, agregó, el primer error fue partir de un valor altísimo. El segundo, dijo, fue no acatar la orden de la ley de definir un factor de corrección basado en el uso agrícola de los terrenos.

José Joaquín Brenes, alcalde de Poás y vocero de la comisión de municipalidades, dijo que no quieren un enfrentamiento con el agro, pero una baja del 80% los pone “ a pensar” porque muchos de los gobiernos locales dependen de ese impuesto para sus ingresos.

FUENTE: Nación