AGRO20 URUGUAY: Expertos cuestionan el nuevo tributo diseñado para el agro uruguayo

Cinco expertos en tributación coincidieron en que el Impuesto al Patrimonio propuesto por el gobierno para la agropecuaria creó confusión, es contradictorio y “no es lo ideal” para un sector que depende del clima y de los precios de los commodities, durante una jornada realizada ayer en la Cámara de Comercio con el apoyo de la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural.

Los contadores Juan Antonio Pérez, Gustavo Viañales, Federico Camy, Diego Bonomi y el doctor Carlos Loaiza Keel analizaron el proyecto que aún no fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Camy destacó a El Observador que los cinco panelistas que disertaron sobre “Impuesto al Patrimonio. El desafío de la sociedad y del gobierno: recaudar sin afectar la producción” habían concluido que hubiera sido mejor para el sector buscar un impuesto “diferente”.

Explicó que, por ejemplo, se podía haber apuntado a ampliar el Impuesto a la Renta y no dejar esta inquietud en manos de un impuesto fijo, que “va a estar atado siempre a la tenencia de un patrimonio y que no tendrá en cuenta si la empresa tiene o no rentabilidad”.

“Creo que esa es la conclusión principal que se extrae como un análisis crítico técnico de un Impuesto al Patrimonio que no es lo ideal para un sector que depende del clima y los precios”, sostuvo.

Por otra parte, el experto en tributación del estudio Sanguinetti/Fodere, Carlos Loaiza, realizó tres puntualizaciones sobre la nueva norma, que atañen a aspectos jurídicos, institucionales y económicos. En lo jurídico, Loaiza señaló que con el nuevo proyecto el gobierno se cuidó “muy bien” de “blindar” la norma frente a cuestionamientos por el lado de la inconstitucionalidad, que hizo caer el impuesto anterior.

Sostuvo que eliminar la exoneración que tenía el agro en el pago del Impuesto al Patrimonio contribuye con el objetivo de “equidad” que persigue el sistema tributario, pero la aplicación de una sobretasa progresiva y la forma de valoración específica que se define para los activos del agro “introduce mayor complejidad” para la administración del tributo y se contradice con la simplificación del sistema.

Por el lado institucional, para Loaiza hay desde el gobierno una respuesta apresurada ante la declaración de inconstitucionalidad del ICIR que evade una discusión de fondo sobre su conveniencia. “Valdría la pena una reflexión más profunda y no legislar como reacción”, añadió.

En lo económico, señaló que es complejo, plantea objetivos a través de impuestos que trasciendan el objetivo recaudatorio, como en este caso específico el de desconcentrar la propiedad de la tierra y definir un destino específico para los ingresos generados. “Cuando hablamos de empresas, es difícil lograr ese objetivo porque nunca se sabe cómo se traslada el impuesto”, argumentó.

Juan Antonio Pérez, de KPMG, sostuvo que el planteo del tributo estuvo rodeado de un contexto de confusión respecto a los objetivos propuestos. Además, si el propósito era financiar la caminería rural, se equivoca el instrumento, ya que se debió optar por una herramienta que gravara el uso específico de los caminos. “El impuesto no es bueno porque no hay vínculo entre el patrimonio y la caminería rural”, destacó el experto. 

Impuestos
El contador Federico Camy dijo que es relativo cuando se dice que el agro no paga impuestos frente a otros que sí lo hacen. Hay muchos sectores que han accedido a proyectos de inversión que les han permitido exonerar el Impuesto al Patrimonio por 10 años en obras de empresas industriales, del comercio o de servicios, en tanto que ahora a la actividad rural se le aplica el impuesto sobre la tierra que es el bien que tiene mayor peso.