Pobladores se oponen a construcción de planta de semillas transgénicas.
“Nos cambió la vida”, dicen los vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas, en la céntrica provincia de Córdoba. Se refieren a la llegada de la transnacional agroquímica Monsanto, que anunció la construcción de la planta de semillas “más grande del mundo” a menos de un kilómetro del poblado. El temor a los daños ambientales está latente y a través de la Asamblea Malvinas en Lucha por la Vida, esta comunidad busca frenar el avance de la compañía. Monsanto opera en Argentina desde 1956. En 1980 comenzó a envasar el Roundup, herbicida a base de glifosato, en Zárate, provincia de Buenos Aires, y en 1996 logró que el gobierno nacional aprobara la soja RR, resistente al Roundup. En junio del año pasado, la transnacional anunció la construcción de su nueva fábrica productora de semillas de maíz transgénico en Córdoba.
Argentina produce en la actualidad el 20% de la soja mundial, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo cual refleja la expansión de esta multinacional a nivel mundial. Fundada en 1901, la compañía estadunidense posee actualmente más de 400 establecimientos en 66 países.
Es la primera empresa en venta de semillas (27% del mercado global) y la cuarta de agroquímicos. En semillas de soja domina el 90% de las ventas, reporta el informe “La lucha contra Monsanto”, publicado en marzo del 2012 por La Vía Campesina, coordinadora internacional de organizaciones rurales.
Vender un pueblo
Monsanto llegó a Córdoba en un marco de expansión de la frontera agrícola industrial, impulsada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y plasmada en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA 2020), que propone pasar de 33 millones de hectáreas destinadas a la producción de granos (2010) a 42 millones (2020).
El 15 de junio del año pasado, la propia presidenta anunció que Monsanto se instalaría en Malvinas Argentinas.
“Estoy muy orgullosa”, dijo Fernández luego de reunirse con directivos de la empresa en Nueva York, durante un encuentro del Consejo de las Américas, espacio conformado por empresas multinacionales que operan en el continente americano, fundado por David Rockefeller en 1965.
En el extremo sur del continente, los vecinos de Malvinas Argentinas, ubicada a 9 km al noreste de Córdoba Capital, no sabían del proyecto de Monsanto y recién se topaban con la noticia.
“Me enteré por los medios”, recuerda Lucas Vaca, quien estudia para ser profesor de geografía, mientras que Ester Quispe, empleada en una escuela, añade que “cuando vi el video de la presidenta haciendo el anuncio, sentí que ella vendía un pueblo”.
Pero tres meses antes el intendente (alcalde) de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, de la opositora Unión Cívica Radical, ya había aprobado la prefactibilidad para iniciar las tareas de construcción. Así lo informa el aviso de proyecto que la propia empresa presentó ante la Secretaría de Ambiente provincial, dependiente del gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota —del Partido Justicialista, pero enfrentado a la presidenta—y quien también apoyó públicamente la inversión.
En el mismo aviso de proyecto, del 2 de julio de 2012, Monsanto sostiene que en una primera etapa construirá 40 silos de almacenamiento con una capacidad de 137 TM cada uno. Luego, emplazará “176 silos más en las sucesivas etapas de ampliación de la planta”, que finalizaría en el 2017. La compañía informa que en su etapa de funcionamiento completo empleará a 215 trabajadores y 19 empleados tercerizados.
Pero en los comunicados de su página, repetidos por los gobiernos nacional y provincial, asegura que la iniciativa creará “400 nuevos puestos de trabajo”. De la misma forma, la gacetilla de prensa de Monsanto promete una inversión de 1.5 millardos de pesos (US$300 millones), mientras que el aviso de proyecto reporta una inversión total de 933 millones de pesos ($186 millones).
Pobres y enfermos
A pesar de estar rodeado de soja, el pueblo de Malvinas Argentinas no se beneficia con las riquezas que genera la oleaginosa. Según el censo provincial del 2008, es la localidad de más de 10,000 habitantes —se estima que actualmente viven en el lugar unas 14,000 personas— con mayor pobreza estructural de Córdoba.
Un reciente informe de cuatro cátedras —Medicina Psicosocial, Alergia e Inmunología, Medicina I, y Clínica Pediátrica— de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba dio cuenta de las problemáticas sanitarias que enfrentan los vecinos, receptores de las pulverizaciones con agroquímicos aplicadas en la producción sojera.
“La patología respiratoria suma 551 afectados” entre 3,563 encuestados, “con una prevalencia de 15.46% para todos los grupos etarios”, dice el informe. “Es un 50% más alta que la estimada como frecuente en EEUU (hasta 10%)”.
Además, un informe encargado por el Ministerio de Salud al Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y el Centro de Estudios de Población (CENEP), y presentado en junio del 2007, estimó que para el año 2004-05 los abortos espontáneos alcanzaban al 0.6% de mujeres en edad reproductiva (MER) a nivel nacional.
En Malvinas Argentinas, sobre 805 MER encuestadas surge que una de cada seis pierde un embarazo; y en el barrio Nicola Bari, el más expuesto a las pulverizaciones con agroquímicos, una de cada cinco padeció un aborto espontáneo.
Malvinas Argentinas presenta “el perfil de enfermedades que se reitera en las poblaciones expuestas a pesticidas aerolizados” y el hecho de “someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental”, como el que generará Monsanto, “no es recomendable desde el punto de vista médico e intolerable desde el punto de vista social”, advierte el informe académico. Es que “vivir alrededor de los acopios de granos es de alto riesgo para patología respiratoria”, debido al polvillo provocado por la cascarilla de maíz rociado con herbicidas, fungicidas e insecticidas. La planta de Monsanto se construirá a sólo 700 m de una escuela primaria y un jardín de infantes.
La Asamblea de Malvinas Argentinas ha intentado frenar el avance de la transnacional por la vía judicial y mediante acciones legislativas. Entre otras medidas, exigen que se aplique el artículo 4º de la Ley General del Ambiente (25.675), que refiere al principio precautorio. Es decir, que “la ausencia de información o certeza científica” no debe excusar “la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El 22 de febrero, la sala 2ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba ordenó “suspender los efectos de la ordenanza dictada por dicho municipio (Malvinas Argentinas), número 821/2013 que autoriza a la firma Monsanto Argentina SAIC permiso de obra para la primera etapa del proyecto de la planta secadora de semillas”. Aunque por el momento se frena la obra, lo más probable es que el municipio apele.
Los vecinos saben que si en el 2014 la planta de semillas inicia sus actividades ya nada será igual.
“No decidiremos el futuro de Malvinas, porque lo va a decidir Monsanto”, evalúa Vaca. “Lucharemos hasta que el cuerpo aguante para defender el ambiente y a mi familia, que es Malvinas”.
Fuente: alainet.org
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