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La ONG Global Carbon Project informó que en 2012 las emisiones de CO2 alcanzaron un récord histórico al llegar a los 35,600 millones de toneladas. Algunos espinosos problemas que atañen a la conservación del medio ambiente, como la emisión del CO2 a la atmósfera, tienen de manera inevitable una dimensión internacional. El CO2 que produce o deja de producir un país aporta al efecto invernadero e induce al cambio climático, que repercute en todas las demás naciones del planeta, sin excepción.

No es por tanto un asunto que recaiga exclusivamente en el ámbito soberano de los Estados. A todos nos incumben las políticas que otros países adopten o dejen de adoptar para contrarrestar sus emisiones, sobre todo aquellas de los mayores productores de CO2: China (28% del total mundial), Estados Unidos (16%), la Unión Europea (11%) e India (7%). El tema también posee un perfil internacional por las repercusiones que las decisiones en materia de mitigación de emisiones pueden tener en otras áreas de las relaciones entre los Estados, como en el comercio y el flujo de inversiones a escala mundial.

Un grupo de legisladores estadounidenses ha planteado el establecimiento de un impuesto nacional a las emisiones de CO2. De momento las posibilidades para que prospere la iniciativa son remotas, aunque la idea no sea nueva: el tributo sería similar al que ha empezado a regir en el estado de California desde enero de 2013. El impuesto recae sobre cientos de compañías productoras de alimentos, cemento y derivados de petróleo, entre otras. Felicity Barringer (The New York Times) reporta que la ley californiana, conocida como AB32, incorpora también disposiciones para preservar la competitividad de las industrias californianas y evitar que decidan establecerse en otros países, o que simplemente cierren sus operaciones. Tal es el caso de la gran industria del procesamiento de tomates, que verá encarecidos sus costos con el nuevo tributo y teme quedar en desventaja frente a las importaciones desde China. (El Gobierno chino también está contemplando adoptar un impuesto al CO2, aunque se desconocen detalles de la medida ni cuándo podría entrar en vigor).

En los países que imponen tributos a las emisiones del CO2 usualmente se prevén compensaciones a fin de cuidar la competitividad de las industrias locales frente a otras naciones. Es el caso de Australia, donde un 80% de los minoristas han declarado que sus negocios acusaron un golpe económico por el establecimiento de un impuesto al CO2 en 2012 (Christopher Schuetze). No obstante, muchos alegan que las compensaciones son insuficientes y plantean la adopción de medidas para “defender” los precios de los bienes producidos en países con impuestos al CO2. Sugieren que una respuesta al problema sería la creación de gravámenes o de requisitos de ingreso al mercado a fin de contrarrestar las ventajas de los países sin impuestos al CO2. ¿Cómo armonizar este enfoque con los entendimientos comerciales en vigor, particularmente en el marco de la OMC? ¿No sería más conveniente pensar en un impuesto mundial a las emisiones de CO2, más allá del actual sistema de mercado del carbono cuyos frutos son magros frente a las urgencias ambientales?

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