AGRO20 GUATEMALA Minería: desarrollo vs impacto ambiental

La conflictividad generada por el rechazo a la explotación minera autorizada por el Gobierno a la Minera San Rafael, que opera el proyecto El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, desencadenó esta semana en hechos violentos que llevaron al Ejecutivo a decretar un Estado de Sitio en Jalapa y Santa Rosa. Las autoridades han reportaron la captura de 16 líderes comunitarios de municipios de estos departamentos.

La  viceministra de Energía y Minas, Ivanova Ancheta, y Juventino Gálvez, del IARNA, debaten desde sus posturas profesionales sobre las causas, beneficios, controles y el impacto ambiental que esta actividad industrial implica para el país y que enfrenta a las autoridades con las comunidades rurales.

Desde que el Gobierno autorizó las operaciones de exploración y explotación en la mina San Rafael, se han levantado voces de protesta que adversan tales concesiones y tambi’en diversos sectores han mostrado su rechazo por esta decisión gubernamental.

Gálvez: La conflictividad que vemos no se limita al impacto ambiental.

El director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, asegura que el rechazo a la actividad minera es la suma de una serie de conflictos históricos que aumentan debido a la desconfianza de la sociedad de las autoridades gubernamentales. En su opinión, los procesos para la otorgación de licencias están viciados y no permiten medir el impacto ambiental. 

¿Considera que el rechazo a la minería obedece a la falta de información, como lo atribuyen las autoridades?

La conflictividad que vemos ahora no se limita al impacto ambiental; es más compleja. Es la suma de una serie de conflictos históricos que abonan una tremenda desconfianza hacia las instituciones públicas. 

Lo que hace la minería en un escenario de conflictividad latente es detonar estas manifestaciones, que en el caso ambiental son totalmente legítimas. Está demostrado internacionalmente que las operaciones mineras generan un impacto ambiental fuerte y en algunos casos permanentes, como la pérdida de cobertura forestal, generación de ruido, contaminación del agua; eso es una realidad.

¿Puede el Gobierno contrarrestar la desconfianza?

Hay razones suficientes para desconfiar y rechazar la actividad minera. El tema se exacerba en la medida en que las comunidades desconfían y ven como ilegítimas a las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. La desinformación es adicional, se desconfía de la institucionalidad pública porque está documentado que no tienen las capacidades humanas, materiales y financieras que les permita controlar dentro de ciertos límites las operaciones de cualquier industria extractiva.

Las autoridades actuales, sobre todo en el Ministerio de Ambiente, modificaron los procedimientos relacionados con los estudios de impacto ambiental para facilitar su aprobación; hay contubernio público-privado a favor de las actividades mineras sacrificando el bien común.

¿Hay complicidad de las autoridades?

Se han hecho algunas investigaciones en relación con la manera en que se han readecuado los procedimientos para favorecer la aprobación de las licencias y salvar con un trámite simple el estudio de impacto ambiental. 

¿Eso quiere decir que hay una tendencia actual a favorecer la explotación minera?

Es una tendencia global de los países en desarrollo para atraer inversiones de capital. La contrapartida debería ser un escenario mucho más relajado con legislación ambiental y laboral. El argumento que se esgrime en el país es el crecimiento económico para generar empleo.

¿Es tangible este crecimiento económico?

La minería no logra crear empleo significativo. No agrega valor a las exportaciones y por lo tanto, no promueve el crecimiento económico de forma sostenida. Más bien lo que se le atribuye es un serio debilitamiento de las instituciones, pues tiende a corromperlas y activan la conflictividad social y fragmentan a la sociedad. En el país no se ha definido un proceso explicito en relación con la promoción de las actividades mineras, por lo tanto se ha actuado a la deriva atendiendo intereses muy coyunturales; los negocios están dominando la política.

¿Ya hay daños perceptibles en el ambiente? 

Si hay duda en la legitimidad de los procesos de aprobación de los estudios de impacto ambiental, desde ahí hay un problema de origen; no podemos entrar a revisar si están atendiendo o no la normativa porque hay un problema de origen. La minería no es ambientalmente sostenible porque es un recurso que se agota; algunos economistas usan el término de sostenibilidad débil, porque aquí se va a impactar la naturaleza y hay cuestiones que son inminentes como la deforestación y las que no son evidentes y requieren un estudio de impacto ambiental porque los procesos ambientales son interdependientes y trascienden el espacio donde ocurren las operaciones. Hay nexos que no se logran ver con una simple observación; se deben hacer estudios profundos para asegurar que no está disminuyendo un recurso que es estratégico para las comunidades; segundo, que no lo está contaminando, eso requiere de enormes capacidades.

¿Qué beneficios podría ofrecer la minería?

Si Guatemala fuera un país serio con una constitucionalidad bien estructurada y funcional, pudiéramos incentivar inteligentemente la minería procurando ingresos que generasen otros tipos de capital de tipo social, natural o artificial para el desarrollo, pero eso aquí no está garantizado. Hay que asegurar que la sociedad tenga beneficios netos en términos económicos y sociales, pero aquí nuestra estructura de distribución de beneficios es inequitativa.

Ancheta: Hay mucha información mal intencionada.

La Viceministra de Desarrollo Sostenible asegura que la conflictividad generada por el rechazo a la actividad minera es generada por la desinformación. 

Asegura que existen grupos organizados que actúan en varios focos de conflicto concurrentes. 

¿Qué beneficios reciben las poblaciones aledañas a la explotación minera?

Fuentes de empleo, reactivación de la economía del área, recibirán más recursos financieros para realizar proyectos de desarrollo; por ejemplo, en el proyecto de El Escobal (Mina San Rafael), la municipalidad recibirá hasta 11 veces más que el situado constitucional para el cubrimiento de necesidades del municipio. Las empresas están obligadas a realizar proyectos sociales en áreas como educación, salud, cultura, deporte, desarrollo económico, local, agua, saneamiento e infraestructura vial. 

¿Compensa esto el daño ambiental que se atribuye a la explotación minera? 

Depende del punto de vista. Hay un montón de medidas de mitigación ambiental que se llevan a cabo en los proyectos mineros. Daño ambiental siempre habrá; toda actividad humana tiene un perjuicio aparejado. Hay un estudio científico que establece que un ingenio contamina más que una mina. Nosotros tenemos el plan de minado de este proyecto, el cual contempla reforestación, obviamente con cierta afectación, sino estuviera hablando mentiras. No creo que compense, pero genera un desarrollo que de otra forma el Estado no lo podría proveer.

¿Cómo verifican que se cumplan las medidas de mitigación? 

Mediante inspecciones a cargo de los ministerios de Ambiente y de Energía y Minas, y la revisión del plan de minado. Hemos realizado tomas de agua que no han revelado ningún tipo de contaminación. Por el momento la minera San Rafael no ha empezado a explotar, sin embargo, en las actividades de exploración se han hecho las inspecciones y se ve la mitigación.

¿Cuántas licencias de explotación minera se han autorizado? 

Una en la administración pasada, y en el actual gobierno, dos, que es el proyecto Escobal y Niquegua Montúfar. Esas son explotación minera metálica; ahora, en materiales de construcción hay otras.

¿A qué atribuye la sensación de crecimiento de la explotación minera? 

Nosotros sabemos que a las comunidades les dicen que el país está lleno de minas. Actualmente solo Marlín está produciendo, estas dos no han empezado. Hay mucha desinformación.

¿Hacía la actual administración gubernamental? 

Pues podría ser o porque tienen posiciones en contra de la explotación minera.

¿Qué sectores promueven la desinformación? 

Como Ministerio no podemos identificar el interés de sectores, organizaciones no gubernamentales o comunidades que han manifestado su rechazo a los proyectos mineros. Yo creo que debajo de esta conflictividad hay un interés por desinformar; sin embargo, no es verdad y se puede comprobar.

¿Se identificaron a los grupos? 

Hemos tenido conocimiento de que existen grupos organizados que tienen una posición contra cualquier proyecto minero, y que actúan en varios focos de conflicto concurrentes. 

¿Cómo podría afectar futuras inversiones? 

Por la percepción negativa que genera la conflictividad, falta de certeza jurídica e irrespeto al Estado de derecho en el país. Ya hemos tenido manifestaciones de varias embajadas preocupadas por el tema.

¿A cuánto ascienden las regalías percibidas por el país? 

Se reciben más de Q200 millones, a futuro serán alrededor de Q352 millones, lo cual dependerá de cuándo empiecen a producir los nuevos proyectos.

¿De qué depende que empiecen a producir?

Del plan de minado. El Escobal tiene pensado empezar a producir entre julio y agosto, pero también dependerá de la conflictividad. 

¿En qué posición se ubica Guatemala en explotación minera a nivel regional? 

Estamos empezando porque el único proyecto que existe es Marlín. Nicaragua está fomentando a nivel internacional la explotación minera. La diferencia es que Guatemala tiene un potencial geológico positivo; por ejemplo, El Salvador y Costa Rica no tienen la misma riqueza. 

¿Qué repercusiones ha tenido el tema de la conflictividad?

Hemos dejado de participar en varias ferias mineras a nivel internacional por el tema de la conflictividad social.

fuente s21