«Hemos puesto una pica en Flandes». Así de gráfica se mostró ayer la eurodiputada riojana (PP), Esther Herranz, después de conseguir que la Comisión Europea, históricamente contraria, haya aceptado la propuesta del Parlamento de destinar fondos para la promoción de vino dentro de los países de la Unión Europea. «Es un hito histórico, que acabaría con la discriminación que el sector ha sufrido al no poder promocionarse con fondos comunitarios dentro cuando sí podía hacerlo en países terceros».
La importancia radica sobre todo en que los dos principales mercados de Rioja, Reino Unido y Alemania, además de otros notables como Países Bajos o Suecia, podrán ser objeto de campañas de promoción cofinanciadas, como las que hace el Consejo Regulador en países externos como EEUU, México o China, explicó la eurodiputada riojana.
En este sentido, Herranz detalló que «desde el Parlamento habíamos pedido que incluyera la posibilidad de financiación dentro de la OCM única que se está negociando y lo que ha aceptado es encajarla en el reglamento de Promoción Genérica de Productos Agroalimentarios, que cuenta con su propia financiación». «El caso -continuó- es que nos dejen promocionar el consumo de vino interno con fondos comunitarios, que es una reivindicación muy importante del Consejo Regulador y de la Interprofesional y que ahora se logrará».
La diputada recordó que el acuerdo entre el Parlamento y la Comisión se encuadra dentro de las negociaciones para el cierre de la Política Agraria Común (PAC), en las que se está tratando también el asunto de la liberalización de plantaciones de viñedo. Herranz sigue mostrándose optimista para lograr la rectificación respecto a la OCM aprobada en el año 2008: «Era muy difícil desandar lo andado y, poco a poco se va consiguiendo; desde luego, de donde estábamos a donde estamos poco o nada tiene que ver».
En este sentido, en una negociación en la que participan, y deciden, tres partes (Parlamento, Comisión Europea y Estados miembros), la Eurocámara sigue manteniendo que se prorrogue el sistema actual de derechos de plantación hasta el 2030, mientras que el Ejecutivo comunitario quiere mantener una política liberalizadora y los países están en un punto intermedio, con las sustituciones de los derechos actuales por un sistema de autorizaciones administrativas y con un porcentaje de aumento de plantaciones anual.
Es en este último punto donde reside el quiz de la cuestión, ya que España pretende que el incremento vegetal, como máximo, sea del 0,5% anual de la superficie de viñedo comunitario y otro grupo importante de no productores quiere que sea del 1%: «En el Parlamento, ya hemos dejado claro que el máximo debe ser el 0,5% e incluso estamos más dispuestos a rebajar el plazo del año 2030, pero no aceptamos el 1%.».
fuente larioja
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