AGRO20 ESPAÑA: Iberdrola vs los políticos: Puertas giratorias, el cuento de nunca acabar

Una puerta giratoria permite pasar sin dificultad ni esfuerzo de un lado a otro de una estancia. Esta idea de facilidad de paso es lo que sirve para ilustrar el concepto de puerta giratoria aplicado a la política, y define el intercambio de papeles que se produce entre los políticos y las empresas de los sectores regulados a los que afecta, y mucho, la legislación que los políticos crean.

Iberdrola, como otras tantas empresas, no escapa a este fenómeno. Por un lado destaca la intensa actividad de lobby que ejerce su presidente, Ignacio Sánchez Galán, que se codea con los más altos cargos de todas las administraciones, cualquiera que sea su color político. A ello se une la creciente presencia de ex-altos cargos de la Administración pública en sus órganos de poder.

Con la incorporación de Ángel Acebes en el Consejo de Administración, en marzo de 2012, Iberdrola dejó de ser la única de las grandes empresas energéticas españolas que no contaba con un ex de este nivel. Ángel Acebes fue uno de los hombres fuertes de Aznar, que lo nombró ministro de Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior, y ocupó la Secretaría General del PP en tiempos de Mariano Rajoy. En abril de 2013 ha sido confirmado en su puesto de consejero a pesar de estar imputado por Bankia y de que ya se conocía su vinculación con los “papeles de Bárcenas”.

La reciente incorporación de Georgina Kessel como Consejera es otra muestra de cómo están reforzando esta presencia de ex-altos cargos en sus filas. Georgina Kessel quizá es poco conocida en nuestro país, pero no en México, país en el que Iberdrola tiene planeado grandes inversiones. Georgina ocupó la Secretaría de Estado de Energía mexicana entre diciembre de 2006 y enero de 2011. Durante estos años también ejerció el cargo de presidenta de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), periodo durante el cual la CFE adjudicó a Iberdrola diversos contratos por un importe cercano a los 1.000 millones de euros.

Otros órganos directivos también cuentan con ex-cargos de la administración. En el Comité Operativo de Iberdrola el director general de Recursos Corporativos Fernando Becker, compañero de colegio de Mariano Rajoy y próximo a Aznar, ocupó, entre otros, cargos como la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León durante su presidencia.

Pero Iberdrola no ha querido dejar atrás otras siglas políticas: por eso contrató a Amparo Moraleda, de gran afinidad con el PSOE, como directora del Área Internacional de la empresa, cargo que ya no ocupa. El nombre de Moraleda sonó en repetidas ocasiones para ocupar cargos públicos, como la presidencia de Telefónica e incluso como ministrable en el gobierno de Zapatero. Manuel Marín es otro de los fichajes de este signo político, que se incorporó como Presidente de la Fundación Iberdrola en 2008. Manuel Marín presidió el Congreso de los Diputados en la primera legislatura de Zapatero y llegó a ocupar el cargo de vicepresidente de la Comisión Europea.

Sus empresas filiales también cuentan con ex-politicos y allegados al PP como Ignacio López del Hierro, marido de Mª Dolores Cospedal, que fue fichado por Iberinco (Iberdrola de Ingeniería y Construcción) en noviembre de 2012 y en enero de 2013 formaba parte ya de su Comisión Ejecutiva. En marzo de 2013 Iberinco fue una de las empresas beneficiarias de los concursos para la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos.

Si bien es cierto que cada persona puede tener la libertad de trabajar donde quiera, el desempeño de funciones públicas debe tener una serie de restricciones destinadas a proteger el interés colectivo. En especial cuando el trasvase de altos cargos es a empresas con control regulatorio, como las eléctricas, en las que las decisiones políticas tienen un importante impacto en sus intereses y en su cuenta de resultados, pero además estas decisiones también afectan al interés público: es decir a las personas y el medioambiente.

Por eso Greenpeace pide modificar la Ley de Incompatibilidades, para impedir que personas que ejercen cargos de responsabilidad en las grandes empresas energéticas puedan ejercerlos posteriormente en la Administración pública y viceversa.

Fuente: ECOticias