Un zaragozano que se acercara en abril a un supermercado pagó 0,75 euros por cada kilo de acelga que se llevó a casa. Por la misma cantidad de producto, el agricultor percibió 0,21 euros. Una diferencia del 257% desde la huerta al lineal del súper, la mayor que se registró en el pasado mes, según el observatorio de precios de productos agroalimentarios de la Diputación Provincial de Zaragoza.
No es la única gran plusvalía registada por la institución, que mantiene un seguimiento mensual tanto del precio en origen como del de venta al público de 19 productos de la provincia. El precio de la manzana golden, por ejemplo, se incrementa un 168% por el camino (de 0,65 euros el kilo a 1,74), mientras que el valor del kilo de lechuga romana experimenta un crecimiento del 132% (de 0,38 euros a 0,88).
Se trata de una circunstancia que produce un gran malestar entre los agricultores, que ven como el margen de beneficio que les queda es mínimo. Vicente López, responsable del sector de frutas del sindicato agrario UAGA-COAG en Aragón, no esconde su malestar mientras explica su punto de vista: "El 80% de las frutas y hortalizas que se consumen las venden cinco grandes cadenas de distribución. Estas no tienen intermediario y compran directamente al productor".
"Sin embargo -añade López-, una frutería de barrio tiene que acudir a un intermediario, y para lograr competir tiene que poner un precio incluso más bajo que el de la cadena de tiendas. No puede ser que dos personas con el mismo producto se arruine o gane dinero". Además, indica el responsable sindical, "los costes de producción no han dejado de crecer en los últimos diez años".
En el precio final intervinen varios factores, especialmente la demanda y oferta del producto, que puede variar en función de la climatología y de la temporada.
Futura ley reguladora
Para evitar estas diferencias, los agricultores esperan "desde hace tiempo" la llegada de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyo anteproyecto ya ha sido redactado y se encuentra a la espera de un decidido empujón del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
A grandes rasgos, la norma perseguirá cifrar los precios y los márgenes comerciales de cada eslabón de la cadena que une la extensión agraria con la tienda, "mejorando el acceso a la información y trazabilidad de la cadena alimentaria, regulando las prácticas comerciales y promoviendo códigos de buenas prácticas comerciales entre los operadores".
fuente heraldo
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