La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, se reunió el martes en Bruselas con los Europarlamentarios y Ponentes del Reglamento de Pagos Directos y Desarrollo Rural y del Reglamento de la OCM única, Luis Capoulas y Michel Dantin. Un encuentro en el que les ha trasladado el acuerdo político alcanzado entre el gobierno regional y los grupos parlamentarios con representación en las Cortes para defender los intereses del sector agrario de Castilla y León en el proceso de reforma de la PAC. El acuerdo contempla el mantenimiento de la partida que recibe anualmente la Comunidad, la delimitación del número de hectáreas perceptoras de fondos en España y una mayor flexibilización del componente verde o Greening. Además, la Comunidad considera necesario que se contemplen ayudas asociadas para sectores específicos, el mantenimiento de las cuotas al sector azucarero hasta el 2020 y fortalecer las organizaciones de productores para evitar desequilibrios en la cadena de valor.
Desde que se inició el proceso de reforma de la PAC, el 18 de noviembre del 2010 con la presentación por parte de la Comisión Europea de la Comunicación: “La PAC en el horizonte 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario”, la Junta de Castilla y León ha venido trabajando, en estrecha colaboración con el sector, en que las características de la agricultura y ganadería de la Comunidad sea tenida en cuenta en la futura política agraria.

El Gobierno Regional alcanzó, el 1 de abril de 2011, un acuerdo sobre la futura PAC con las cuatro Organizaciones Profesionales Agrarias y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias. Un texto que se trasladó al Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, en su visita a Castilla y León.

En diciembre de ese mismo año la consejera de Agricultura y Ganadería mantuvo, en el Parlamento Europeo en Bruselas, una reunión con el ponente principal del reglamento de Pagos Directos y del reglamento sobre Desarrollo Rural, Luis Capoulas, y todos los eurodiputados españoles pertenecientes a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Fruto de esa reunión, se mantuvo, en febrero de 2012, una reunión de trabajo en Castilla y León con el ponente centrada en analizar el impacto de la nueva PAC sobre el sector de la ganadería de vacuno.

La Junta de Castilla y León ha colaborado intensamente en los acuerdos alcanzados entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas para fijar una posición de Estado de cara a las negociaciones. Tanto en el acuerdo de octubre de 2011 como en junio de 2012.

El Gobierno Regional también presentó, en julio de 2012, 110 enmiendas a los proyectos de informes elaborados por los distintos ponentes del Parlamento Europeo en relación con las cuatro propuestas de Reglamentos principales: pagos directos, organización común de mercados agrícolas, desarrollo rural y el reglamento horizontal sobre financiación y control. Convirtiéndose en la única Comunidad de España en presentar enmiendas.

El pasado 8 de mayo se alcanzaba entre el Gobierno Regional y los grupos parlamentarios con representación en las Cortes, PP, PSOE y Grupo Mixto, un acuerdo político de Comunidad para defender los intereses del sector agrario de Castilla y León en el proceso de reforma de la PAC.

Este acuerdo marca ciertos objetivos esenciales para defender, en la última fase de la reforma, la aplicación en la Comunidad de la futura Política Agraria Común:

- Garantizar el mantenimiento sin recortes de los fondos que se han venido percibiendo desde 2007 de forma anual en Castilla y León de las actuales asignaciones de la Política Agraria Común.

- A la hora de definir agricultor activo como perceptor de ayudas, sea tenido en cuenta que se apoye de forma prioritaria a quien ejerce de forma efectiva la actividad agraria y participa activamente en el desarrollo económico, social y medioambiental del medio rural.

- Destinar un porcentaje mínimo de ayudas dirigidas a medidas vinculadas al rejuvenecimiento del sector y el relevo generacional.

- Delimitar el número de hectáreas elegibles en España y por agricultor.

- Diseñar un modelo de convergencia interna limitada y pausa en el tiempo que evite distorsiones sobre determinados sectores y modelos.

- Formular una mayor flexibilización del Greening respecto a la propuesta de la Comisión.

- Apoyar el incremento hasta el 15% para las ayudas asociadas, en especial defender la inclusión en estas ayudas de la ganadería sin base territorial.

- Prolongar hasta el 2020 el régimen actual de las cuotas en el sector azucarero así como salvaguardar los derechos de plantación de viñedos hasta el 2030.

- Fortalecer las organizaciones de productores y la coordinación de las autoridades nacionales de competencia, que garanticen un trato igualitario a todos los productores.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, se comprometió a trasladar este acuerdo a los Europarlamentarios y Ponentes del Reglamento de Pagos Directos y Desarrollo Rural; y del Reglamento de la OCM única, Luis Capoulas y Michel Dantin, con quienes se ha reunido hoy en Bruselas. Unas reuniones en las que ha estado acompañada de los europarlamentarios de Castilla y León: Agustín Díaz de Mera e Iratxe García.

El objetivo de estos encuentros han sido dar a conocer las características del sector agrario de la Comunidad y conseguir una reforma más identificada con la agricultura y ganadería de Castilla y León, caracterizada por un abanico muy diverso de producciones y de sistemas de explotación.

La consejera ha recordado que éste es el momento de acudir a Europa ya que está previsto llegar a un acuerdo político entre Comisión Europea, Parlamento y Consejo Europeo, sobre el texto de la futura PAC el próximo 30 de junio. De hecho, como ha recordado Silvia Clemente, este pasado lunes se han iniciado las negociaciones, entre las tres administraciones, sobre el futuro presupuesto de la Unión Europea 2014-2020 y sobre un presupuesto rectificativo para 2013. Estas negociaciones se están basando sobre cuatro puntos principales: flexibilidad, cláusula de revisión, recursos propios y unidad del presupuesto.


Pagos directos

Precisamente al presupuesto, en concreto a la aplicación del mecanismo de disciplina financiera de los pagos de las solicitudes de 2013, se ha referido la consejera en su encuentro con el europarlamentario Luis Capoulas. Clemente ha mostrado el rechazo de la Comunidad al texto incluido en la propuesta de reglamento, en el que se determina que la aplicación del mecanismo de disciplina financiera solamente se aplicará a los pagos directos superiores a 5.000 euros que deban de concederse a un agricultor por una solicitud de ayuda presentada con respecto al año civil 2013. La consejera ha recordado que el Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, no contempla que ese ajuste se efectúe únicamente para importes superiores a 5.000 euros.

Además, la consejera se ha interesado por conocer la opinión del europarlamentario sobre el presupuesto de 2014 ya que la Comisión ha propuesto establecer un régimen transitorio en ese año, una continuidad de las normas actuales con un nuevo ajuste del presupuesto y el parlamento, por su parte, no está de acuerdo con las cifras que se consignan para cada Estado Miembro en el año 2014.

Otro de los aspectos tratados ha sido la limitación de superficie admisible, una de las principales preocupaciones para los intereses de España. La consejera ha pedido que no se incremente la superficie perceptible de fondos por cada Estado Miembro y ha defendido que se limite a los actuales 22 millones de hectáreas. De lo contrario, como ha explicado, supondría la reducción de las ayudas. Una disminución que afectaría con mayor contundencia a las explotaciones con menor superficie, como el vacuno de leche y cebo, el ovino, el caprino, y a las explotaciones de regadío.

La consejera también se ha interesado por conocer la superficie que se incluiría bajo el denominado “componente verde”. Castilla y León considera que debe ser la misma a la que se asignen derechos de pago base. Incluso este componente, como ha trasladado Silvia Clemente al ponente, podría ser un pago complementario al base, no un pago separado.

También se ha abordado durante el encuentro, el cálculo del pago base y los distintos componentes y su equivalente en importe por hectárea. La consejera de Agricultura y Ganadería ha asegurado que la Comunidad considera que este pago base se debería regionalizar por cuestiones agronómicas o de agroecosistemas productivos. Así se podrían establecer diferencias entre explotaciones de secano o de regadío y explotaciones más o menos intensivas. Además se debería establecer cierto grado de diferencia en el valor de los derechos y un periodo transitorio más largo y de esta forma reducir los efectos negativos que produce la transición hacia la tarifa plana en las explotaciones más productivas. La consejera ha propuesto que el porcentaje de pago base idéntico para todos los agricultores en el primer año de aplicación no supere el 10% y que se pudiera ir incrementando cada año en ese mismo porcentaje de forma que serían necesario al menos 10 años para alcanzar la convergencia total.

Para los intereses del sector agrario de Castilla y León, como se ha trasladado al europarlamentario, es necesario que la reforma de la PAC contemple ayudas asociadas en el primer pilar, que permita apoyar a sectores con problemas específicos en los que el modelo de pagos directos no se refleja de forma clara. “Este modelo de ayudas asociadas es imprescindible para determinados sectores, en especial para la ganadería intensiva, con menor superficie de tierras, pero también para otros sectores agrícolas estratégicos como la remolacha, forrajes verdes, o los cultivos de leguminosas. Es importante hacer un esfuerzo presupuestario y que se destine el 15% del límite financiero a estas ayudas para poder mantener el actual estatus de esos sectores.”, ha precisado Silvia Clemente.

Otro de los pagos que ha sido abordado durante el encuentro ha sido el pago directo a los jóvenes agricultores. La consejera de Agricultura y Ganadería ha recordado al ponente que la Comunidad considera acertado incluir estas ayudas en el denominado primer pilar pero considera que se puede mejorar. La principal reclamación es que no se establezca ninguna limitación en cuanto al número de hectáreas, 25 plantea la Comisión, por la que se pueda recibir este pago. “Coincidimos todas las instituciones en Europa en considerar como una de las principales preocupaciones el alto grado de envejecimiento de los agricultores y ganaderos de la Unión Europea. Por eso mismo es necesario apostar por medidas atractivas y eficaces, tanto en el ámbito de los pagos directos como del desarrollo rural, que permitan invertir la tendencia e incorporar nuevo capital humano al sector”, ha asegurado la consejera.


Organización Común del Mercado

En su reunión con Michel Dantin se han abordado asuntos relativos a la Organización Común del Mercado. Castilla y León ha expresado al ponente la necesidad de recuperar y rediseñar mecanismos de gestión de mercados que contribuyan a paliar las situaciones de incertidumbre e inestabilidad y que se pueda responder de forma rápida y adecuada en los casos de crisis de mercado.

La consejera, durante su encuentro, ha manifestado que es necesario el establecimiento de un mecanismo que permita dotar de mayor transparencia al funcionamiento de la cadena de valor y la actualización de los precios de referencia, teniendo en cuenta la evolución de las producciones y de los mercados, contemplando los costes de producción y otros factores. Un asunto que también demanda el europarlamentario aunque desde una denominada “red de seguridad”. Para Castilla y León esta red debe desarrollarse en su totalidad, incluyendo una definición de los precios de referencia y unas modalidades de activación de la ayuda al almacenamiento privado que tenga en cuenta la evolución de los precios de los mercados, los costes de producción y los márgenes de beneficio de los productores.

En cuanto al sector azucarero, la consejera ha recordado que Castilla y León apuesta por mantener las cuotas de azúcar al menos hasta 2020, y que se incluyan mecanismos de apoyo vía precios o ayudas específicas que permitan al sector productor seguir siendo competitivo.

Castilla y León también ha trasladado al europarlamentario y ponente de la OCM la necesidad de fortalecer las organizaciones de productores, y la coordinación de las autoridades nacionales de competencia modificando la normativa comunitaria sobre la competencia de forma que se contemplen las especificidades del sector agrario-agroindustrial, permitiendo la concentración de la oferta y la negociación de los precios.

“El mantenimiento de las rentas del sector agrario es una cuestión de enorme importancia y la solución no puede estar únicamente en las ayudas públicas sino también en la mejora de los ingresos procedentes de la venta de sus producciones, teniendo en cuenta sus costes de producción. Es necesaria la búsqueda de nuevos mecanismos, en el ámbito de funcionamiento de los mercados, que garanticen una adecuada respuesta a la evolución de los precios y la disponibilidad de materias primas”, ha precisado la consejera.

En el encuentro, Silvia Clemente también ha reclamado, dada la relevancia del sector en la Comunidad que con 2.300 explotaciones se sitúa como la segunda región productora, el mantenimiento de cuotas lácteas. “El sector lácteo de Castilla y León ha hecho un importante esfuerzo inversor superior a los 100.000 euros por explotación para situarse bien estructurado y dimensionado, con una cuota media de 366 toneladas por explotación frente a las 270 de la media de España y las 305 de la UE. Esta apuesta del sector debe ser correspondida con una Política Agraria Comunitaria que tenga en cuenta sus características”, ha señalado la consejera.

fuente agrodigital