AGRO20 ESPAÑA: Conflictos ambientales locales en Cataluña

La amplia tipología de conflictos ambientales en Cataluña muestra que tenemos temas de largo recorrido que no se acaban de resolver nunca y una variedad de situaciones que si se han de caracterizar por algo probablemente sea por la baja capacidad de generar procesos participativos útiles y eficientes por parte de las administraciones competentes. Todo lo contrario que las organizaciones y plataformas que están en el centro del conflicto, no para avivarlo (que también y en el sentido más positivo) sino para favorecer procesos de diálogo e implicación del mayor número de actores posible.

En el mapa de conflictos ambientales en Catalunya confeccionado por ecologistes.cat en 2009, se recogían unos 240 conflictos abiertos en nuestro territorio, siendo las comarcas más afectadas del Alt Empordà, Vallès Occidental, Barcelonès, el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Baix Camp y el Montsià. Sólo en estas comarcas se reportaban ya la mitad de los conflictos abiertos. Por tipo de conflicto, un vistazo rápido al mapa nos mostraba que, al menos en las regiones más "calientes", prácticamente todos los temas en pugna se podían incluir en alguna de las siguientes categorías: energía eólica, planeamiento urbanístico, ocupación de espacios naturales , infraestructuras de transporte, gestión del agua y gestión de residuos.

Pues bien, casi cuatro años después, en este mapa no se han apagado fuegos y, en cambio, se han abierto nuevos o se han avivado los viejos. En trabajos recientes conducidos por alumnos de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona identificaba algunas de las características más inquietantes del modelo de gobernanza de estos procesos. Entre los conflictos locales analizados estaba el canal Segarra-Garrigues, las infraestructuras de transporte para el acceso a Barcelona, el conflicto del Cuarto Cinturón, el cementerio químico de Santa Coloma de Cervelló, el proyecto de remodelación de la Marina Port Vell, la MAT a su paso por Santa Coloma de Gramenet, la problemática de la regeneración de arena en las playas del Baix Maresme, el conflicto por el vertedero de Can Planas en Cerdanyola del Vallès o el conflicto de la planta de biomasa de San Pedro de Torelló, entre otros. Como vemos, todos ellos pertenecen a alguna de las categorías listadas anteriormente.

A grandes rasgos, todos estos conflictos están abiertos desde hace tiempo y estancados, bien por cambios de gobierno, bien por cambios de legislación, bien por bloqueo en los procesos de diálogo, bien por la acción directa de algún grupo de actores público, privado o cívico. Justamente, otra característica es que la mayoría de los conflictos tienen en su agenda de actores más activos alguna plataforma o movimiento social, ecologista o experto que se ha ocupado de encender el debate, mantenerlo abierto y reivindicar soluciones.

Pero el rasgo más impresionante y común a todos los procesos estudiados es la falta absoluta de procesos eficientes de participación y debate efectivo entre gobernados y gobernantes para llegar a soluciones o estudiar alternativas. Cuando se ha promovido algún proceso participativo ha sido generalmente por iniciativa de los grupos sociales o, en algún caso, como reacción de las instituciones al reclamo popular de mayor implicación de los afectados. La falta de transparencia y la escasa comunicación han estado presentes en todas las situaciones, así como denunciadas por los movimientos sociales tanto al principio del proceso como a lo largo de la problemática, convirtiéndose en un mal endémico y cada vez más difícil de resolver por la desconfianza generada.

Incluso en proyectos e iniciativas de carácter y objetivos claramente sostenibles, el conflicto a menudo ha arraigado debido a la falta de participación y la inexistencia de información pertinente y de procesos de comunicación vivos. Esto ha llegado a provocar, en algunos casos, un posicionamiento claro de los medios de comunicación locales a favor de los movimientos sociales no por falta de neutralidad sino, sencillamente, por falta de acceso a otras fuentes de información. Y un último pero no menos importante factor a destacar. Sólo uno de todos los procesos analizados se podría considerar un conflicto de "cultura del no" donde los movilizados son una minoría directamente afectada que reclama compensaciones. Con ello se quiere hacer notar que las plataformas constituidas, las acciones emprendidas y los objetivos perseguidos menudo representan a una parte bastante amplia de la población como para convertirse en asuntos prioritarios de la gestión política, la comunicación y la participación.

Fuente: ECOticias.com

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