AGRO20 ESPAÑA: Condenan a dos criadores de palomas por el envenenamiento de dos águilas perdiceras en Aragón

La sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza ratifica la condena dictada en primera instancia que obligaba al pago de  una multa de 5.760€ y de 33.015€ en concepto de responsabilidad civil por las dos águilas perdiceras envenenadas. SEO/BirdLife, en el marco del proyecto Life+ VENENO, junto con la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) y la Fundación para la  Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), ejerció la acusación  particular

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza que condenó a dos miembros de una sociedad de colombicultura (cría de palomas) de Valmadrid (Zaragoza). A cada uno de ellos se les ha condenado al pago de una multa de 8 euros diarios durante 24 meses por la comisión de dos delitos contra la fauna (art. 334 y 336 del Código Penal), se les inhabilita para cazar durante cuatro años y se les imponen parte de las costas del proceso.

Además, los condenados deben indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por el valor de las dos águilas perdiceras, fijado en 33.015€ en base a la valoración incluida en el Plan de Recuperación del águila perdicera en Aragón, aprobado por el Decreto 326/2011 de 27 de septiembre.

La sentencia dictada por el juzgado de lo Penal fue recurrida por los acusados ante la Audiencia Provincial que ahora ratifica la condena inicialmente adoptada.

David de la Bodega, coordinador del Life+VENENO afirma: “Esta nueva sentencia ratifica las consecuencias penales del uso de cebos envenenados y reconoce el impecable trabajo de investigación realizado por los agentes de protección de la naturaleza de Aragón y el Seprona para el esclarecimiento de los hechos”. Y añade: “La personación del Gobierno de Aragón en la causa ha supuesto sin duda un apoyo imprescindible para todo el proceso que debería servir de ejemplo a otras comunidades autónomas. Le corresponde ahora a la administración aragonesa dictar las medidas de recuperación del medio afectado por el veneno, que deberán ser asumidas por los condenados”.

El caso

Los hechos sucedieron el pasado 8 de marzo de 2011, cuando Agentes para la Protección de la Naturaleza de Aragón y miembros del Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) recuperaron los cadáveres de dos águilas perdiceras envenenadas en el paraje de Rebollar, a escasos trescientos metros de las instalaciones de una sociedad de colombicultura, en el término municipal de Valmadrid.

Las  investigaciones dieron lugar a la imputación de tres personas como presuntas autoras de un delito relativo a la protección de la  flora, la fauna y los animales domésticos. Dos de ellos reconocieron a los agentes y ante el Juzgado de Instrucción la colocación en terrenos próximos a  su propiedad de cebos con venenos para ahuyentar a los zorros que  merodeaban por las cercanías y amenazaban su palomar.

Situación del águila perdicera en Aragón

El águila perdicera es el ave rapaz más amenazada de Aragón, donde cuenta con una treintena de parejas. La tendencia de su población es claramente regresiva, especialmente en las provincias de Huesca y Teruel donde, en 2010 se habían contabilizado tres y diez parejas respectivamente de las treinta mencionadas.

Por esta razón está catalogada como “en peligro de extinción” en el Catalogo de especies amenazadas de Aragón, que es la máxima categoría de amenaza contemplada por la legislación autonómica.

El proyecto Life+ VENENO tiene como objetivo lograr una disminución significativa del uso de veneno en España. El proyecto, con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea cofinancia el 40% y la Fundación Biodiversidad el 26%, se desarrolla entre 2010 y 2014.

SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha son los beneficiarios del proyecto. Los cofinanciadores son el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Cantabria. La Editorial América Ibérica colabora con el proyecto y otras doce comunidades autónomas y un cabildo participan en diferentes acciones.

Fuente: ECOticias