AGRO20 ESPAÑA: Asaja se pregunta por la tardanza en el cambio del Código Penal por robos en el campo

El secretario general de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha admitido que no sabe por qué "tarda tanto" la modificación del Código Penal para endurecer las penas por robos en el campo. Sin embargo, según se recogía en esta web de agroinformacion.com este fin de semana el Ministerio de Justicia está perfilando una reforma del Código Penal en la que se recogerán penas de entre uno y tres años para aquellos robos o asaltos a explotacione agrarias o, como se recogerá en la nueva ley, "lugares desprotegidos fuera de núcleos urbanos vinculados con carácter agrícola y ganadero". Asimismo, según se ha podido saber de fuentes de la propia ASAJA, se baraja la posibilidad de endurecer las condenas si afectan a conducciones de sumunistro eléctrico, telecomunicaciones, cobre o riego, además de tenerse en cuenta la reparación de los daños colaterales que se hayan cometido, como costes y tiempo de reparación o la interrupción del trabajo.

   A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Fresneda se ha referido a la reivindicación de esta organización agraria sobre los robos en el campo y ha indicado que "muchas veces" no es tanto el valor de lo robado sino "lo que destrozan".

    "No sé por qué tarda tanto", ha reconocido José María Fresneda, quien ha insistido en que esperan que "salga cuanto antes".

    En su opinión, este es un asunto que interesa a los agricultores pero también a las fuerzas de seguridad del Estado, que "ya no pueden hacer más" de lo que hacen ante esta situación.

    "Lo que le hace falta a los cuerpos de seguridad del Estado y a nosotros, por igual, es la modificación del Código Penal. Pero a ellos más, porque necesitan un instrumento para actuar", ha indicado Fresneda.

Se estudia un incremento de las penas

    Desde que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se reuniera con el de Agricultura, Alimentación yMedio Ambiente, MIguel Arias Cañete, con una delegación de ASAJA encabezada por su presidente, Pedro Barato, hace un par de meses para estudiar el endurecimiento de las penaas relacionadas con el campo, poco se ha hecho oficial, aunque sí ha habido todo tipo de comentarios y de respaldo a esta iniciativa, ya que la gran mayoría de las organizaciones agrarias se han sumado a reclamar la necesidad de que se modifique el Código Penal para intentar frenar la ola de robos que vienen padeciendo.

    Primero fueron algunas voces las que comenzaron a hablar de tres años de cárcel, tal y como recogió en su momento agroinformacion.com, pero ahora ha sido La Tribuna de Toledo la que, en una información firmada por Manuel Bernadino, ha especificado mucho más los pormenores de la iniciativa del Ministerio de Justicia, citando fuentes de la propia ASAJA de esta provincia.

Más castigo a la multirreincidencia y devolución de lo robado

    Según este periódico, no sólo se cita las condenas ya referidas, sino que recalca que se quiere aprovechar que Proyecto de Reforma del Código Penal se encuentra en el Consejo de Estado pendiente de su informe, para remitirlo al Parlamento, para introducir por medio del grupo popular las medidas reclamadas por las organizaciones agrarias en materia de robos en las explotaciones agrícolas o ganaderas.

   Así, también se indica que no se descarta que en casos de multirreincidencia, ya que en la mayoría de los casos se suelen tratar de bandas organizadas, en el nuevo articulado de reforma del Código Penal, las penas de prisión puedan iniciarse desde los 4 años.

   De igual forma, Gallardón se comprometió a estudiar la posibilidad de exigir "el pago de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios derivados del hecho punible como «requisito indispensable» para aplicar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad".

   Por último, también está sobre la mesa el conseguir que los fiscales y los jueces, en el caso de detenciones con pruebas materiales, agilicen los trámites para estas sean devueltas lo antes posible a los damnificados para que puedan en su caso continuar con su actividad, si así lo requiriese, para que no cause un mayor perjuicio económico al agricultor.

Fuente. agroinformación