El Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las normas para la aplicación de la Etiqueta Ecológica Europea (EEE), una decisión adoptada a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). Con la nueva normativa, aprobada hoy en Consejo de Ministros, se introducen las modificaciones necesarias para aplicar el Reglamento comunitario sobre esta etiqueta de la Unión Europea (UE), creada en 1992, según ha informado el Ministerio en un comunicado. Según el Magrama, la etiqueta constituye "una parte importante de la política comunitaria de instrumentos voluntarios de ayuda a las empresas y a los consumidores para mejorar su actuación ambiental".
Su objetivo es promover productos que puedan reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros de su misma categoría, de forma que contribuyan así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente.
Desde el Ministerio han indicado que España es uno de los principales países europeos en materia de concesión de etiquetas ecológicas, con más de 142 licencias concedidas hasta diciembre de 2012.
Entre las novedades que se incluyen en el Real Decreto, se encuentran la ampliación de las posibilidades de su utilización, para evitar la proliferación de sistemas nacionales de etiquetado ecológico, y la sustitución del uso de sustancias químicas por otras más seguras, siempre que sea posible.
Asimismo, se simplifica el sistema y se reducen las cargas administrativas, al racionalizar los procedimientos de evaluación y coordinar el sistema europeo con los sistemas estatales mediante el intercambio de información y experiencias.
Con la nueva norma, se trata además de impulsar la promoción de la etiqueta ecológica, entre pymes y consumidores, a través de campañas de sensibilización, información y educación específicas dirigidas a los consumidores.
La nueva normativa establece el cobro de un canon de solicitud por la concesión de la etiqueta ecológica, tal y como establece el reglamento europeo, que será gestionado por las Comunidades Autónomas y deja a la discrecionalidad de éstas la posibilidad de exigir un canon anual por el uso de la etiqueta.
fuente agroinformacion
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