AGRO20 El Salvador: Agricultores piden no limitar uso de semilla híbrida

Según varias gremiales de productores agrícolas, condicionar los paquetes agrícolas al uso de semillas artesanales de maíz y frijol afectará en el corto plazo la productividad nacional. Los agricultores estiman que la cosecha de maíz, que en 2012 alcanzó los 20 millones de quintales, podría verse mermada en unos siete millones de quintales.

En general, la producción nacional se estaría viendo reducida en un 35 %, atentando así contra la soberanía alimentaria de los salvadoreños, sostiene la Unión Comunal Salvadoreña (UCS), que aglutina a 37,700 agricultores de todo el país. Las organizaciones agrícolas consideran que la pérdida total, en oportunidades de negocios para los agricultores, se traduciría en unos 200 millones de dólares.

Mientras tanto, el costo de las importaciones de maíz blanco, que según el acuerdo legislativo se buscan reducir, se vería incrementado en $60 millones, ubicándose así como el más alto de la región, según las estimaciones hechas por las gremiales de productores. Ramón Mendoza, presidente de la UCS, dice que el acuerdo legislativo aprobado por el gobierno va en contra de los principios de libre mercado, porque limita al comprador a seleccionar de entre un universo de ofertas, como está ocurriendo con la semilla.

"En el caso del maíz, nosotros estamos de acuerdo en tener semillas propias, no sólo importadas, pero no es correcto que nos quieran imponer, por decreto, la compra de una sola semilla", expresó. En su opinión, el país no está en condiciones de poner en riesgo de la seguridad alimentaria de los salvadoreños. La medida, dice, también pone en riesgo las actividades productivas de más de 400 mil agricultores. El decreto, dijo, va en contra de la libertad democrática y del libre mercado, por eso le solicitó al presidente Funes que lo vete.

La analista del sector agropecuario, Amy Ángel, está de acuerdo en que el hecho de que el gobierno decida comprar la semilla (para los paquetes agrícolas) exclusivamente a las cooperativas locales afectaría la productividad. "El decreto pretende institucionalizar el programa de los paquetes agrícolas, pero ellos (las cooperativas) producen semillas que no tienen el mismo grado de certificación que tiene una híbrida", expresó.

Bajo este escenario habría que evaluar los rendimientos que se puedan obtener, ya que cuando no se utilizan híbridos ocurren ciertos sacrificios en la productividad. Pero más allá de los aspectos técnicos, a Ángel le preocupan los compromisos que el país en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC), específicamente en los apartados de compras gubernamentales o públicas, pues ahí se establece que estas no se limitan a empresas nacionales.

Añade que cuando las compras son de montos importantes, los tratados especifican que también pueden participar oferentes internacionales, por lo que el decreto puede generar una sería dificultad para el país, especialmente en el TLC que el país tiene vigente con EE.UU. Ángel reconoce que es beneficioso impulsar la producción nacional de semillas, y al respecto cree que el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (Centa) ha hecho un magnífico trabajo, en especial con la semilla de frijol; sin embargo, aclara que en las compras privadas y públicas debe garantizarse la libre competencia. "La semilla nacional tiene que competir con otras", aseveró.

La violación de los compromisos adquiridos por el país en los tratados internacionales, con la aprobación del decreto, también preocupa a la Asociación de Proveedores Agrícolas (APA). La gremial de insumos agropecuarios y agrícolas dice apoyar fuertemente la producción de semilla nacional, siempre y cuando eso no vaya en detrimento de tecnologías que puedan convertirse en una alternativa que eleve los niveles de producción.

Los pequeños productores tienen derecho al uso de tecnologías, nacionales o internacionales; caso contrario se estaría dejando en manos de los agricultores de otros países la alimentación nacional, dijo Óscar Albanés, gerente general de la APA. La gremial cree que una de las mejores alternativas para la seguridad alimentaria de los pueblos es la democratización de la tecnología de última generación de alto rendimiento, y tal parece, que en nuestro país esa oportunidad se está viendo limitada.

Fuente: FAO