El ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe Vegalara, es tajante: “el cambio climático llegó a Colombia para quedarse”, y dice que los estragos que causó el fenómeno de ‘La Niña’ en las dos temporadas invernales de 2001 y 2012, marcaron un antes y un después.

El ministro asegura que se deben tomar correctivos, y que el plan de contingencia debe abarcar a varios Gobiernos.

Y frente a la polémica que ha suscitado la eventual construcción de un proyecto ecoturístico en el parque Tayrona, dice que se adelanta un proceso para delimitar las áreas de reserva a fin de extenderlas y preservarlas de actividades no sostenibles. 

Acabamos de firmar un convenio con el Fondo de Adaptación, con el Instituto Alexander Von Humbolt y el Instituto Agustín Codazzi, a fin de realizar toda la cartografía más los estudios científicos sociales para producir esta delimitación. 

- ¿Finalmente, se suspendió el proyecto Ciruelos en el parque Tayrona? 

Está suspendido por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Hay pendiente un concepto técnico y jurídico vinculante de parte de Parque Nacionales Naturales, de acuerdo con eso se verá qué decisión definitiva se tome. 

- Pero vendrán las demandas contra el Estado… 

Hay una actuación de la Anla con base en el principio de precaución o de prevención, principio fundamental de la ley ambiental. 

- ¿Eso significa que no se puede desarrollar ningún proyecto similar en otros parques naturales? 

Las áreas protegidas, en especial los parques nacionales naturales tienen el objetivo de ejercer un derecho colectivo y un propósito de conservación, según la Constitución Nacional. Lo que hay es que la declaratoria de algunos parques ha sido posterior a tener algunos títulos privados. 

Hay que ver qué política se va a desarrollar en esos parques nacionales. Se podría llegar a acuerdos con los propietarios y hasta comprarles sus predios para que los parques sean totalmente del Estado. 

El Parque Tayrona, específicamente, tiene 15 mil hectáreas de las cuales son del Estado apenas 3% ó 4%; 7% son de los particulares y hay un 82% que está en estudio o en litigio porque hay sospechas de que algunos baldíos fueron tomados por particulares. 

- ¿Cuándo estará listo ese estudio? 

El estudio se empezó hace unos años por el Incoder, la entidad que administra los baldíos nacionales. Luego se lo pasa a la Superintendencia de Notariado y Registro que está haciendo un estudio, título por título, y en unas dos o tres semanas será revelado. Son más o menos 1.450 títulos que se están revisando en varios parque nacionales, la mayoría en el Parque Tayrona. 

- ¿El Estado sí sabe cuántos y cuáles son los parques nacionales naturales que tiene? 

El país tiene 12,5 millones de hectáreas en parques nacionales naturales. Sin embargo, solo tiene cuatro millones de hectáreas en áreas protegidas regionales. Hay que buscar mayor protección con los gobernadores, con las regiones, cuando sea pertinente. 

Otra cosa son circunstancias que ordena la ley, como la protección de páramos, que son 34 complejos de páramos en el país para excluir actividades de hidrocarburos y minería. En eso estamos, es un mandato de la Ley del Plan de Desarrollo. 

- ¿Hay suficientes recursos para hacer esa delimitación? 

Acabamos de firmar un convenio con el Fondo de Adaptación, con el Instituto Alexander Von Humbolt y el Instituto Agustín Codazzi, a fin de realizar toda la cartografía más los estudios científicos sociales para producir esta delimitación. 

- Las Farc reclaman que se evite la venta de grandes extensiones de tierra a los extranjeros. ¿Qué opina? 

No me puedo referir, para eso son los voceros. Pero sí le puedo decir que en los próximos 40 ó 50 años en el mundo tendrá otros dos mil millones de personas, lo que quiere decir que habrá dos demandas fundamentales: alimentos y agua. 

Dentro de esos criterios el país debe trabajar su soberanía alimentaria, sin dejar de entender que las nuevas áreas alimentarias demandan gran inversión y un manejo integral ambiental y de agricultura. 

- ¿Qué tan ciertas son las denuncias de la compra de grandes extensiones de tierra por parte de personas y gobiernos extranjeros? 

No conozco información de que otros gobiernos estén comprando tierras en Colombia. Lo que sé es que el mundo va a tener dos mil millones de personas más y algunos países van a tener problemas alimentarios graves. Nosotros tenemos que garantizar que lo que producimos sea para consumo interno. 

- ¿Cuál es la importancia del sector minero? 

El sector minero tiene gran auge en el país por dos cosas: una, la mejoría en el orden público estimula la inversión extranjera. Dos, por el precio internacional de los recursos naturales. Eso explica el ‘boom’ minero. 

- Hay estudios que demuestran el interés de las Farc por la minería, más que por el narcotráfico… 

Sí, hay un tema sustancial que preocupa y sobre el que ya se han expedido varios decretos: la minería criminal. Hemos hablado de tres tipos de minería: la regulada por ley y que tiene permiso; la minería artesanal, y la minería criminal que está produciendo una catástrofe ambiental. Ese es un factor futuro muy grave para la seguridad en Colombia. 

- ¿Cuántos departamentos están siendo afectados por ese fenómeno? 

Yo diría que entre 22 y 26 departamentos. 

- Se supone que ese es un punto difícil de concertar con la guerrilla en La Habana… 

Yo lo único que conozco es que el primer punto de la agenda es el desarrollo agrario integral, que es el primer punto de la agenda. 

- ¿Hay compromiso en las regiones para luchar contra esa minería criminal? 

Yo creo que sí, pero hacia futuro tiene que ser un propósito nacional. Por ejemplo, proscribir elementos desfavorables para la salud humana y el medio ambiente, como el uso del mercurio en la minería. Por eso el Gobierno está promoviendo un proyecto de ley para impedir el uso de ese mercurio en la minería. 

- ¿Cómo van los otros proyectos que están pendientes de reglamentación ambiental? 

Están en fase exploratoria y habrá que esperar a que pasen a fase de explotación, tienen que pedir la licencia ambiental. En ese momento se verá qué va a suceder. 

- ¿Y el Túnel de Oriente? 

Yo no hablo de licencias, qué tal el ministro hablando de las licencias, una por una. Para eso se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que corresponde al seguimiento que hace la Anla. 


- Se ha hablado, sobre todo en la Costa, de corrupción con las licencias previas. ¿Qué se está haciendo en ese tema? 

En ese tema el interés del Ministerio es un proyecto de ley que modifica las corporaciones regionales y que está en consulta previa étnica. Esperamos que en marzo esté lista esa consulta para presentarlo al Congreso. Y así pasa con otros proyectos como el Código de Minas y el de Desarrollo Rural. 

- ¿Ese proyecto les quita a las CAR el estigma de corporaciones corruptas? 

Las CAR son un instrumento fundamental del sistema nacional ambiental. Obviamente hay que depurar sus competencias y funciones, esperamos que haya cero corrupción en las CAR. 

- ¿Sirvió la temporada invernal de 2011 y 2012 para tomar correctivos que eviten cometer los mismos errores? 

Quiero ser enfático: este país por fin se dio cuenta de que el cambio climático es un problema serio. Hubo que padecer esas dos crisis en carne viva para entender que el cambio climático llegó a Colombia para quedarse. 

A mí me parece que hay un antes y un después. Todo lo que venga después de esa tragedia invernal necesita una reformulación de políticas ambientales. El reto de este país es, a futuro, cómo adaptarse al cambio climático, reto que ojalá comprometa a varios gobiernos futuros. 

- ¿Cómo va en ‘Plan San Andrés’ luego del fallo de La Haya? 

El Presidente ha sido muy claro con el ‘Plan San Andrés’, que es la más grande inversión que ha hecho Colombia en los últimos años en esa zona. Allá es fundamental el tema del medio ambiente y en ese sentido se mantiene el desarrollo de la reserva Sea Flower dentro de los criterios que logró Colombia para mezclar desarrollo sostenible con defensa integral del medio ambiente.

Fuente: Noticias colombia