La modificación, en relación a la fecha original que era el 30 de abril, se debe a que durante el pasado fin de semana por problemas técnicos la página web del MGAP, lugar para inscribir los planes, no estuvo en funcionamiento.
A ello se sumó que el 30 de abril fue el día del trabajador rural, y el 1° de mayo el día de los trabajadores, lo cual se considera que puede haber representado retrasos, dijo a El País la directora de Recursos Naturales Renovables (Renare) del MGAP, Mariana Hill.
Al 29 de abril, última fecha computada, se habían presentado 1.515 planes, que sumaban un total de 215.000 hectáreas, a un ritmo de presentación de unos 100 planes diarios. De ellos, 168 no habían establecido el área que trabajarían. Se espera que la superficie de planes, que abarca trigo y cebada, alcance las 400.000 hectáreas.
Esto significa un crecimiento sustancial desde los 848 que se habían entregado, que se registraban al 23 de abril. A esa fecha el promedio de cada plan era de 180 hectáreas. Tomando en cuenta aquellos que al día de hoy no presentaron superficie, se estima que el área promedio será similar. El número de ingenieros agrónomos que han presentados planes también subió de 110 a 150.
Hill informó que se mantiene el concepto de que los planes que se entreguen luego de la fecha estipulada, ahora el 5 de mayo, serán recepcionados, pero en carácter de “fuera de fecha”, y si bien esto no representará una multa, el hecho será tomado en cuenta para futuras decisiones.
“No le vamos a cerrar la puerta a nadie, ya que debido a que es el primer año que se aplica este procedimiento es lógico que puedan haber demoras o confusiones”, afirmó Hill.
“Ahora, sí será muy diferente la situación para quienes se presenten unos días luego de concluido el plazo establecido, a quienes directamente no entreguen nada por falta de interés”, sostuvo la jerarca.
En esta primera etapa, que abarca cultivos de invierno, estos planes deben ser presentados de forma obligatoria por quienes llevan adelante explotaciones agrícolas de 100 o más hectáreas de trigo y cebada.
Los citados planes, que son llevados adelante por ingenieros inscriptos previamente para ello, presentan una estimación sobre la erosión tolerable en relación a lo que se hará en esos suelos, al tiempo que el propietario del campo debe comprometerse a que lo que se presenta se cumplirá.
Los planes que se están presentando tienen una duración de entre tres y cinco años. En un contexto de vaivenes en las cotizaciones de las materias primas en los mercados, es lógico que los empresarios busquen modificaciones de estos planes para mejorar su ecuación económica.
La directora de Renare había dicho a El País que “si por ejemplo un plan establece que entre zafra y zafra de cultivos de verano -donde se da la siembra y cosecha de soja, la práctica agrícola más rentable- el trigo que se pensaba hacer como cobertura del suelo no es rentable, es comprensible que se haga otro tipo de gramínea en su lugar”.
“Este tipo de modificaciones serán contempladas”, afirmó la jerarca.
Hill explicó que “se busca poder contemplar soluciones para todos, y que no se tenga como consecuencia, por ejemplo, un aumento en el valor de los arrendamientos. Pero hay algo que debe estar claro, la ley está por sobre los contratos entre privados”.
Esta situación está provocando, entre otras cosas, que los dueños de los campos estén más pendientes de lo que se produce en su tierra. En la actualidad ocurre que productores no conocen con exactitud lo que se hace en sus tierras.
Los propietarios que arriendan pasan a ser en parte responsables por incumplimientos o malas acciones de quienes trabajan sus tierras
Fuente: agromeat
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