El Gobierno nacional sospecha que algunos productores sojeros podrían intentar cruzar de contrabando parte de su producción, para venderla en Brasil o Paraguay. Por eso estableció una serie de medidas que endurecen el comercio bilateral con el país guaraní.
El interés del Gobierno no es la soja, sino los dólares que le deja el impuesto a las exportaciones, pero necesita que las ventas se realicen “en blanco” a través de la Aduana; por ello busca trabar cualquier posibilidad de comercio informal.
Una tonelada de soja cuesta cerca de 515 dólares, que el chacarero vende a la cotización oficial de Argentina: 5,13 pesos por dólar. A ese monto el productor agropecuario tiene que descontarle el 35 por ciento por las retenciones, con lo cual el tipo de cambio para los chacareros termina siendo de 3,26 pesos.
Pero si logran pasar las toneladas de soja a Paraguay, las pueden colocar al precio internacional, para, una vez que regresan el dinero a Argentina, cambiarlo a 8,30 pesos, la cotización del mercado paralelo.
Funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aseguran que tienen “firmes indicios” de que por las fronteras de Chaco, Corrientes y Misiones se han “fugado” miles de toneladas de soja, lo que disminuyó sus ingresos por las retenciones a las exportaciones.
Las compañías navieras y las empresas guaraníes dedicadas al comercio exterior salieron a rechazar la medida de la AFIP que obliga a tramitar una nueva declaración jurada para cada exportación e importación que Paraguay transborde en los puertos argentinos.
La nueva normativa del organismo fiscal que comanda Ricardo Echegaray, que entró en vigencia hace diez días, establece que las agencias marítimas y las empresas navieras deberán presentar una declaración jurada de los importadores y exportadores, tanto para las cargas que pasan “en tránsito” hacia Paraguay, como para las ventas al exterior que se transbordan en territorio argentino.
Hasta mediados de marzo, las operaciones de transbordos de las cargas paraguayas en las terminales portuarias locales se efectuaban con la presentación de una simple declaración informativa. Pero a partir de ahora, con el nuevo mecanismo que impuso la administración kirchnerista, las empresas de Paraguay deberán entregar una declaración jurada que no sólo implicará un costo adicional de 33 dólares por cada tipo de producto transportado, sino que además revelará a los funcionarios argentinos datos comerciales clave acerca de los montos y los compradores y vendedores que operan en el comercio exterior del vecino país.
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