El porcentaje de ayudas que finalmente recibirá el sector ganadero, y que el cultivo de la remolacha siga contando con cuotas hasta 2020 son dos de las principales preocupaciones para Castilla y León en la recta final del debate sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
Así lo puso de manifiesto la consejera de Agricultura y Ganadería de esta comunidad, Silvia Clemente, al término del Consejo Consultivo sobre Política Agraria y Pesquera que se celebró ayer en Madrid para preparar la reunión del Consejo de ministros del ramo el próximo lunes en Luxemburgo.
En declaraciones a los periodistas, Clemente subrayó que «aún quedan muchos flecos sueltos» y que espera que materialicen en los reglamentos cambios que se han introducido en el debate posterior a la propuesta inicial de la Comisión Europea.
«La ganadería es un aspecto que nos preocupa mucho porque nuestra actividad agraria se reparte al 50% entre agricultura y ganadería», y de momento es la «gran olvidada de la reforma» con sectores punteros como el vacuno de carne o el vino, añadió.
En este sentido, señaló que las ayudas acopladas para este sector podrían aumentar del 12 al 15%, lo que «permitiría dar la cobertura que se necesita».
Pidió, además, que la remolacha siga teniendo cuotas hasta el año 2020, una cuestión «importante para mantener este cultivo».
Clemente adelantó que solicitó al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que convoque el grupo de trabajo que permitirá conocer la hoja de ruta para aplicar la PAC en España.
Una petición que se retrasará al menos hasta que terminen los trílogos —las conversaciones entre Parlamento, Comisión y Consejo de Ministros de la UE— para la propuesta definitiva de la reforma.
«Es bueno ir ganando tiempo y que se vayan elaborando las cuestiones técnicas para definir el modelo nacional», detalló.
Clemente destacó que en la reunión de ayer también se analizó la «corrección» que presentó la Comisión Europea de la disciplina financiera para 2014, que tachó de «sorprendente», ya que es un mecanismo que existía desde 2003 y no se había utilizado hasta ahora.
El pasado 2 de abril, la Comisión Europea propuso un ajuste de 1.471 millones de euros en los pagos directos que recibirán los agricultores procedentes de la Política Agrícola Común (PAC) en 2014.
En el Consejo Consultivo de ayer se abordó el veto de Rusia a las exportaciones de carne desde España, cuestión sobre la que —según afirmó ayer la consejera— se ha acordado crear un grupo de trabajo con las consejerías de sanidad, «que son las que tienen que hacer el trabajo efectivo» para cerrar programas de control y vigilancia que se adapten a los requerimiento rusos.
fuente diariodeleon
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