El atraso del país en cuanto al manejo de aguas residuales es alarmante. Apenas el 31 por ciento de las ciudades colombianas cuenta con sistemas de tratamiento de estas, y de ese porcentaje, el 29 por ciento es tratamiento primario, de acuerdo con un estudio de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Este tipo de proceso es el que se realiza en ciudades como Bogotá y Cali. En Medellín y Bucaramanga se hace el tratamiento secundario de aguas servidas mediante lodos activados, en el primer caso, y lagunas de oxidación con reactores anaeróbicos de flujo ascendente, en el segundo. Ambos mejoran la calidad de las descargas.
Pero lo más grave es que si bien la inversión en sistemas de tratamiento ha sido escasa, la mayoría de las plantas de tratamiento del país está fuera de funcionamiento por razones de costos de operación y mantenimiento, descuido, desinterés, y falta de capacitación para mantenerlas en operación, entre otras razones.
En Acodal consideramos que el tratamiento de aguas residuales no puede ser exclusivamente responsabilidad municipal, ni puede ser financiado por cobro de tarifas. Ya está demostrado que en este frente no se avanza por pérdida de economías de escala, por altos costos tanto de inversión como de operación, además de la incorrecta selección tecnológica, en algunos casos. Pero si las estrategias gubernamentales no se cambian, avanzar en este frente de protección ambiental será muy lento. Hay que resolver las barreras de financiación y tecnológicas, pues. de lo contrario, en pocos años, muchas fuentes hídricas no podrán ser utilizadas para el turismo, abastecer acueductos y menos aún para la agricultura.
La contaminación de nuestros recursos hídricos es un problema gravísimo que pone en riesgo la sostenibilidad ambiental de nuestra red de ciudades. La situación del sistema hídrico nacional no solo se ve afectada por el deshielo de nuestros nevados y páramos, sino también por las descargas contaminantes en los ríos.
Varios sectores del país viven bajo la premisa de que ‘el recurso hídrico de Colombia es infinito’. Pero la realidad es que ya no somos la potencia hídrica de ayer. Pasamos de ocupar el tercer puesto en la oferta hídrica mundial en los años 60, al puesto 24, actualmente.
No solo los caudales han disminuido por efecto de la deforestación y el cambio de uso de suelo en las zonas de nacimiento, sino también porque la contaminación ha aumentado en proporciones que van de la mano con la concentración de la población en las grandes ciudades y los desplazamientos de población rural hacia ellas. Ya existe déficit hídrico en los valles interandinos y las zonas planas: el Caribe, Valle del Patía, Chicamocha, medio Cauca y Alto Magdalena, por nombrar algunos.
Adicionalmente, estos fenómenos locales se ven influenciados por los cambios globales, en los cuales el régimen de precipitación cambia, aumentan los periodos de sequía y lluvia, generando en el primer caso una disminución en la disponibilidad hídrica, donde cerca de 400 poblaciones quedan sin agua para sus acueductos, al tiempo que en las épocas de lluvia se genera una saturación de los suelos de montaña, en los que se concentra la mayor población, y un subsecuente deslizamiento de las laderas, daño de la infraestructura vial y suspensión del servicio de acueducto por excesos de contaminación por sólidos. En las zonas planas y llanuras de inundación de los ríos, se presenta el fenómeno contrario, caracterizado por extensas áreas inundadas.
La inversión en el país destinada al tratamiento de aguas residuales no alcanza a representar ni el 1 por ciento de la destinada a agua potable, según información del Dane de cuentas nacionales. Se podría decir que, claro, la primera necesidad es ofrecer agua potable y alcantarillado a los habitantes de las ciudades.
Pero veamos la paradoja; si la cobertura de alcantarillado aumenta, más descargas concentradas van a parar a las fuentes hídricas que ya presentan vulnerabilidad y déficit. Por ello, proponemos que a partir del estudio de la Superservicios se defina una política nacional que planifique y programe las inversiones, destinando recursos, distintos a las ya elevadas tarifas de alcantarillado, ya sea provenientes de regalías y de impuestos nacionales, o bien de proyectos bajo la figura de las Alianzas Público-Privadas.
Esta política no debe pretender que cada municipio o ciudad resuelva su problema de forma individual, sino consolidar un plan por cuencas y microcuencas, lo cual es viable mediante la figura de esquemas regionales, según lo establece el mismo Plan Nacional de Desarrollo.
Es evidente que se requieren soluciones de fondo, pues aquí lo que está en juego es el futuro de la sostenibilidad hídrica, ambiental y sanitaria de la gran mayoría de ciudades colombianas.
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