AGRO 2.0 VENEZUELA: La ruina agrícola

El decreto presidencial N º 5.378, promulgado en 2007, ordenó la afectación de 53.000 hectáreas de tierra en el estado Aragua, específicamente en lo que el Gobierno Nacional denominó el Eje Aragua-Carabobo. La medida se estableció con fines agrícolas a fin de beneficiar la producción alimentaria del país.

Las zonas de cultivo, anteriormente destinadas a sembrar caña de azúcar, pasaron a ser Unidades de Producción Socialista, que de acuerdo a la medida serían utilizadas "exclusivamente para la producción de hortalizas, legumbres, granos y papas".

Posteriormente, en 2009, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) formalizó la intervención, lo cual no solamente afectó 52% de la superficie de siembra en la entidad, sino que acabó con 1.300 hectáreas capaces de producir 90.000 toneladas de caña de azúcar al año.

Desde la Autopista Regional del Centro se observan apostados sobre la tierra varios invernaderos de plástico que aparentemente albergan cultivos hidropónicos. No obstante, durante un recorrido que realizó TalCual por la zona, no se palpó rastro de ejecución de actividad agrícola en el lugar. Apenas se observó la presencia de escasos trabajadores que rondan los predios; sin embargo las carpas están en estado de abandono.

Lo único visible es una valla que proyecta al Presidente de la República y la Misión AgroVenezuela, que según el Primer Mandatario se constituyó bajo el propósito de ser "locomotora fundamental" de su plan bianual 2011-2012, para impulsar la soberanía alimentaria en el país mediante la ejecución de políticas públicas orientadas a la inversión en sectores estratégicos que contribuyan a fomentar la producción nacional.

Sin embargo, en la entidad aragüeña la iniciativa socialista no dio fruto y perjudicó el crecimiento de la producción de caña de azúcar, que según indicó el presidente de la Federación de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), Rafael Chirinos: "hasta el año 2009 se situó cerca de un millón de toneladas en la región y en la actualidad cayó a la mitad al registrar una producción de 510 mil toneladas del cultivo; equivalente a lo que se produjo para el año 1963, tomando en cuenta que para aquel momento la población total era 1/3 de la actual".

CONSECUENCIAS DE LA MALA POLÍTICA
La propuesta del Gobierno Nacional para impulsar el sector agroindustrial del país se materializó en una política de rescate y uso de tierras que se llevó a cabo mediante la expropiación y confiscación de importantes unidades de producción. Particularmente, el decreto presidencial N º 5.378 contempló la afectación de 24 predios en Carabobo y 19 en Aragua.

Las consecuencias de una política desacertada salen a relucir con la subida del nivel de agua del Lago de Valencia, que luego de dos años ha arrasado con 5.500 hectáreas de tierra.

A juicio del diputado Germán Benedetti, miembro de la fracción de Proyecto Venezuela ante el Consejo Legislativo del estado Carabobo, "fue un error garrafal del Gobierno Nacional haber confiscado estas tierras del estado Aragua y utilizarlas para la siembra de cultivos hidropónicos, pues tanto la caña de azúcar como el cambur son cultivos que demandan alta cantidad de agua que mantenían en equilibrio el nivel de agua del lago".

El legislador apuntó que estos cultivos consumen cerca de 1 litro por segundo por hectárea. Incluso en noviembre de 2011 el Gobierno Nacional se reunió con las asociaciones de productores de los estados afectados y estableció un plan de recuperación de 3.150 hectáreas, las cuales fueron confiscadas en 2009. Asimismo, en marzo de este año el Estado se comprometió mediante el decreto N º 8.844 a dar cumplimento y seguridad al plan.

No obstante, a la fecha no ha habido un pronunciamiento gubernamental y se suman a la lista de pendientes el bienestar de casi 100 familias que desconocen a dónde irán a parar luego de que el lago arrase con sus caseríos ubicados en los sectores en riesgo, como son: La Punta y Mata Redonda.

Nilda Chacón es una de las afectadas. Vive junto a sus dos hijas y un primo desde hace 22 años en el sector de Mata Redonda, a 7 km del lago. Afirma que el Estado habilitó el permiso de venta de las viviendas a través de una entidad bancaria con lo cual pudo comprar su casa y pese a que sabía que la zona era susceptible de inundación, señaló que "las posibilidades de adquirir una vivienda en Venezuela no dependen del riesgo de la zona sino de lo que este asequible al bolsillo".

"Comenzar de nuevo es una desventaja", afirma Nilda luego de mencionar que desde 2007 está a la espera de una solución por parte del Estado y ahora que debe desalojar su vivienda de aproximadamente 200 mts.

Se rehúsa a aceptar los ofrecimientos del Gobierno que contemplan apartamentos de entre 70-80 mts, sin bajantes de basura ni ascensores, con lo cual exige una indemnización justa.

Fuente: talcualdigital.com