AGRO 2.0 ¿Sostenibilidad ambiental o crecimiento económico?

Las distintas propuestas para enfrentar la escasez de agua en Ica reflejan el dilema entre dos enfoques aparentemente opuestos: ¿priorizamos la sostenibilidad ambiental o el crecimiento económico? Como informamos en LRA 139 y LRA 140, el crecimiento desordenado de cultivos de agroexportación en Ica —sobre todo, el espárrago, que es un cultivo con alta demanda de agua— ha provocado que actualmente se extraigan del acuífero más de 543 millones de m3 de aguas subterráneas por año, cuando lo sostenible sería extraer no más de 253 millones de m3, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Para enfrentar este problema, la ANA ejecuta el «Plan de gestión del acuífero del valle de Ica y pampas de Villacurí y Lanchas». Este plan originalmente difería de políticas anteriores, pues no solo contempla medidas para aumentar la oferta de agua, sino que también busca reducir la demanda hídrica con módulos de riego, según el tipo de cultivo, o con el cambio de cultivos por otros de menor consumo de agua.

El plan fue puesto en marcha en setiembre pasado sin embargo, se corre el riesgo de que el plan priorice aquellos componentes relacionados con el aumento de la oferta de agua y que se minimicen las medidas de control de la demanda hídrica para superar la oposición de empresarios y autoridades, con lo cual primarían los intereses económicos y se arriesgará la sostenibilidad de la actividad agrícola en Ica.

Edson Ríos, jefe de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha, explica que actualmente desarrollan dos componentes del plan: un estudio de balance hídrico, que incluye un inventario de pozos, y un programa de sensibilización de los actores involucrados. Inicialmente, la mayoría de los agroexportadores rechazaba el plan, pero esto se ha ido revirtiendo. El cambio de actitud se debería a que se les ha ofrecido que el plan no se limitará a inventariar los pozos y cerrar aquellos sin licencia, u obligarlos a cambiar de cultivo, sino que también se contemplará la recarga del acuífero y la concreción del trasvase que permitiría a los empresarios continuar con sus actuales prácticas.

Esto significaría que las medidas para reducir la demanda de agua ya no serían prioritarias. Ríos manifiesta que primero se deben conocer los resultados del balance hídrico. «Cuando tengamos esos datos exactos se determinará qué acciones tomar. El cambio por otro tipo de productos es una posibilidad, pero para no llegar a eso, justamente estamos acelerando el programa 5 y el programa 6, referidos a la recarga del acuífero y la conformación del consejo de cuenca», afirma el funcionario.

Las autoridades regionales de Ica y los empresarios argumentan que no se debería restringir la agroexportación, porque genera empleo y dinamiza la economía. Jorge Chepote, presidente del Comité de Capsicum, de Adex, reconoce que es posible cambiar el espárrago por otros cultivos menos demandantes de agua, «pero hacerlo en forma paulatina, en la medida en que se vayan acabando los años de cultivo del espárrago. Se puede ir a cítricos o a palta, y los consumos de agua serían menores. Pero habría que tomar en consideración las inversiones realizadas y el tiempo de duración de la esparraguera», sostiene.

El presidente regional de Ica, Alonso Navarro, aboga por no ser radicales en la aplicación del plan. «Antes de reemplazar un cultivo por otro que consuma menos agua y, por ende, tenga menor huella hídrica, pensaría en otras alternativas, como la presa de Tambo». Chepote coincide y sugiere «pensar en la desviación de los excedentes del río Pisco para alimentar Lanchas, Villacurí e Ica e incluso aumentar la cantidad de hectáreas disponibles para su venta. En el caso del valle de Ica, prestar un apoyo económico financiero al proyecto especial Tambo Ccaracoccha».

Esta visión es una muestra del imaginario de muchos iqueños sobre el problema hídrico. Según Patricia Urteaga, investigadora de la PUCP, la mayoría de actores de Ica están convencidos de que para resolver la escasez hay que traer agua de la sierra, porque allá abunda. Sin embargo, no se puede asegurar que hay abundancia de agua si no se conoce la demanda en la cuenca alta. Allí hay una producción alpaquera importante, con 300 alpacas en promedio por familia. La oposición de las comunidades huancavelicanas al trasvase está relacionada con el daño potencial a su actual actividad productiva.

¿Hasta qué punto se están tomando en cuenta los intereses de los huancavelicanos en el plan de gestión del acuífero? Silvano Guerrero, dirigente de la comunidad de Ccarhuancho, afirma que su comunidad no fue convocada. «Tenemos conocimiento de una reunión en Ica a la que asistió el vicepresidente regional de Huancavelica y representantes de las municipalidades de las zonas altas. Pero el tema del agua no pasa sólo por la agenda de los funcionarios; pasa por la participación, la consulta oportuna y adecuada de los actores involucrados. Las conversaciones quedarán como conversaciones si nosotros no participamos», afirmó. Como vemos, las medidas
que buscan aumentar la oferta de agua mediante un trasvase serán resistidas por las comunidades huancavelicanas.

En nuestra opinión, el plan para la gestión del acuífero iqueño no debe perder de vista que la principal causa del problema es la excesiva demanda de agua de productos como el espárrago, y por eso no deben minimizarse las medidas para reducir esta demanda, medidas que deben seguir siendo prioritarias. En la presentación de la política sobre Recursos Hídricos, del Acuerdo Nacional, el presidente Ollanta Humala cuestionó la siembra de arroz en zonas desérticas. «Si voy a sembrar arroz donde no hay agua, es una incoherencia, una contradicción; necesitamos ordenar la casa», afirmó. Para evitar incoherencias, el Estado debería tener esa misma actitud con los agroexportadores de Ica y promover el cambio hacia cultivos con menores requerimientos hídricos.

¿Qué medidas concretas podrían aplicarse? Ignacio Cancino, investigador asociado de Cepes, sugiere que el Estado genere incentivos y desincentivos para los cultivos, dependiendo de sus requerimientos hídricos. El antropólogo Gerardo Damonte plantea una regulación estatal mucho más fuerte para que no se dé un crecimiento explosivo de la demanda. Esto contrasta con la estrategia actual, donde las autoridades confían en que los agroexportadores reducirán voluntariamente su consumo de agua. Pero, por lo expuesto antes, hay dudas de que esta voluntad será asumida por los empresarios.

fuente: inforegion.pe