La decisión marca el inicio de una relación tensa entre el gobierno del presidente electo Horacio Cartes -que habría apoyado la iniciativa instando a los senadores de su partido a votar por la ratificación- y uno de los sectores más pujantes de la pequeña economía sudamericana.
El impuesto generó un amplio debate entre quienes creen que el aporte de los productores al Estado es altamente insuficiente y quienes consideran al tributo una medida injusta que solo beneficiará a las empresas agroexportadoras.
El proyecto establece un impuesto de 10 por ciento sobre el valor del despacho, una tasa que el Poder Ejecutivo puede reducir durante un mal año agrícola. La producción proveniente de propiedades con superficies inferiores a 20 hectáreas queda exonerada del pago.
Los senadores ratificaron la aplicación del impuesto con 34 votos a favor y 4 en contra.
“Creo que todos, incluyendo a los señores productores, tenemos que tener conciencia de que una actividad tan importante debe pagar impuestos para que el Estado cumpla con los servicios con los que se beneficia a toda la ciudadanía”, dijo el senador del conservador Partido Colorado, Juan Carlos Galaverna.
Los productores aseguran, en cambio, que se trata de una decisión política altamente perjudicial para la competitividad del país mediterráneo, que solo beneficiará a las empresas multinacionales procesadoras de granos.
Cartes asumirá la presidencia el 15 de agosto en un contexto de fuerte expansión de la economía atribuida principalmente a la cosecha de soja, pero en medio de crecientes preocupaciones por el déficit fiscal y la caída de las recaudaciones.
“Es muy grave lo que está haciendo Cartes (…) se está equivocando muy grande”, dijo el presidente de la cooperativa agrícola Colonias Unidas, Agustín Konrad, al diario Ultima Hora.
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