AGRO 2.0 PERÚ: EXPERIENCIA PERUANA CONTRA MOSCA DE LA FRUTA SERÁ REPLICADA EN BOLIVIA

Expertos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) compartieron por primera vez con representantes del Servicio Departamental de Sanidad Agropecuaria (Sedesa), del departamento de Tarija (ubicado al sur de Bolivia), los conocimientos y experiencias adquiridas en el control y erradicación de la mosca de la fruta en nuestro país.

Los especialistas Hugo Peralta Rodríguez, Marco Antonio Araoz Serpa y Jorge Luis Ríos Alcoba, compartieron las experiencias del Senasa para optimizar sus planes, acciones y controles que ejecutan en Tarija donde se producen principalmente cítricos y uvas, y desde hace un año desarrollan un programa de erradicación contra la plaga en mención.

Con el programa que han implementado en Tarija se busca cumplir con los objetivos de mejorar la economía de los pequeños agricultores y mejorar la salud pública al contar con fruta saludable. Asimismo, se proyectan que erradicada la plaga de las moscas de la fruta, su producción hortofrutícola pueda ser exportada a mercados internacionales.

Al respecto, el director del Sedesa, Hugo Peralta Rodríguez indicó llevarse la mejor experiencia gracias a la buena capacitación adquirida, al comentar las visitas guiadas y de entrenamiento de tres días, realizadas en las provincias de Cañete y Huaral donde se desarrollan labores culturales, control químico, trampeo entre otras acciones que tienen el objetivo de mejorar la condición sanitaria de productos peruanos y reducir los costos de exportación para los empresarios.

También visitaron y recibieron información del Centro de Producción de Mosca de la Fruta del Senasa, donde conocieron la técnica de esterilización desarrollada para evitar la proliferación del insecto vector, que permite mantener el estatus fitosanitario adquirido en las regiones de Moquegua y Tacna, que desde el 2009, fueron declaradas áreas libre de la plaga en el Perú.

En esta zona, los agricultores ahorran US$ 340 por hectárea asociados al no uso de insecticidas, que llegaría en total a US$ 136 millones. A ese ahorro directo se suma también el impacto ambiental positivo, que es un requisito que exigen ciertos mercados internacionales.

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