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Cuando llevaron al Conpes el documento sobre el desarrollo de la altillanura dicen que Santos se entusiasmó porque pensó que a los negociadores de las Farc les iban a llamar la atención el potencial de generación de ingreso, de empleo, y el porvenir que esa posibilidad le brinda al país.

No se imaginó que sus intereses como promotores de cultivos ilícitos o agentes de gobiernos extranjeros los llevarían a oponerse a ella. El discurso de 'Iván Márquez' paró en seco los proyectos de inversión de empresarios nacionales y extranjeros en la Orinoquia, lo que no había logrado ni la Corte Constitucional, con el anuncio que hizo de que va a limitar el área que puede poseer o explotar un solo agente privado en el sector rural, ni las iniciativas que cursan en el Congreso con las que se intenta prohibir que los extranjeros compren tierra en nuestro país.
Los promotores de estas absurdas iniciativas y los actores del alto Gobierno que se niegan a acelerar el desarrollo de la infraestructura para los Llanos Orientales por razones fiscales o financieras no tienen conciencia del mal que le están haciendo al país.
El desarrollo previsto de la altillanura le añadiría a Colombia más de tres millones de hectáreas de tierra cultivable, donde se pueden producir, con mayor productividad y a menores precios que en el área actualmente disponible, productos alimenticios que hoy importamos.
En plena explotación, esta tierra adicional podría generar un valor agregado anual superior a catorce billones de pesos (US$ 7.780 millones). El PIB agropecuario anual sería por lo menos 50 por ciento superior al actual. Esto equivale a un incremento permanente del PIB entre 3 y 4 puntos del total actual. Los expertos del Gobierno estiman que un cambio de esas magnitudes generaría 2,23 millones de empleos en el sector agropecuario solamente (un aumento mayor que el 50 por ciento del empleo rural) y 3,1 millones de empleos en toda la economía.
En un plazo de 10 años o antes se podría alcanzar pleno empleo, se dejaría de depender de importaciones para la seguridad alimentaria, se podría erradicar el hambre y se crearía un superávit comercial muy importante. El país contaría con una zona de desfogue y absorción de mano de obra que podría poblarse rápidamente y llegar a una población total de varios millones de habitantes entre Puerto Gaitán y el Orinoco.
Ninguna de las locomotoras concebidas por esta administración o los planes de desarrollo de gobiernos anteriores han tenido ese alcance. Se trata de un tren bala para el desarrollo con considerables efectos positivos sobre el bienestar y la soberanía nacional.
Obstaculizar con criterios sin fundamento esta posibilidad, que para comenzar a hacerse realidad solamente requiere que se inicie la carretera de Puerto Gaitán hacia el Orinoco y que se abandone la miopía fiscal, o hacer depender el desarrollo de esta región de lo que puedan hacer adjudicatarios campesinos en parcelas pequeñas o medianas es una grave equivocación. Esta tierra exige enormes inversiones por hectárea para hacerla productiva, y solamente los grandes cultivos de empresas nacionales y extranjeras o las asociaciones entre propietarios tienen acceso a los recursos que se necesitan para desarrollarla.
Lo que deberíamos estar haciendo es poner en marcha este año esta posibilidad de dar un enorme salto adelante y brindarles a los campesinos y pequeños propietarios que se beneficien de la repartición de las tierras baldías que posee el Gobierno estructuras intervenidas y reglamentadas por el Estado para que se asocien con los grandes productores, construyan conjuntamente una clase media rural y prosperidad equilibrada y equitativa al oriente de Villavicencio.

Fuente: eltiempo.com

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