La Comisión Europea presentó sus propuestas para los nuevos reglamentos de la Política Agrícola Común (PAC) en Europa para el periodo 2014-2020. Al lado de los pagos directos a los agricultores, vinculados a la producción alimentaria (Primer Pilar), la PAC tiene también como objetivo la preservación del medio ambiente y el apoyo a las zonas rurales, a través de su Programa de Desarrollo Rural (PDR, Segundo Pilar). El PDR contiene medidas forestales que representan la fuente más importante de financiación europea para la selvicultura: se estima que durante el periodo 2007-2013 unos 8.000 millones de euros se han dedicado a estas medidas. La situación varia de un país a otro pero de manera general, el PDR representa un apoyo importante para la actividad forestal en toda Europa, a veces como complemento de estrategias nacionales, y a veces como único recurso disponible para los propietarios y gestores forestales.
Las medidas forestales se despliegan a nivel nacional, y la ausencia de competencia legal directa en materia forestal por parte de la Comisión Europea se percibe como un obstáculo, impidiendo que aquellas medidas tengan una complementariedad mayor con otras medidas a nivel europeo o nacional. Las reglas sobre las ayudas públicas (State Aid) parecen claramente tener un efecto negativo sobre su implementación, en particular en el caso de las actuaciones medioambientales que por lo general no tienen ningún impacto sobre los mercados de la madera. Otra consecuencia negativa de esta ausencia de competencia legal fuerte a nivel europeo es la imposibilidad de proteger o garantizar asignaciones presupuestarias para las medidas forestales, lo que provoca fuertes tensiones nacionales y regionales con las organizaciones agrarias, de las cuales el balance raramente está a favor de los selvicultores.
Una serie de organizaciones regionales y nacionales representando propietarios forestales privados de 4 estados miembros europeos han contribuido al presente articulo, reflejando sus perspectivas sobre las propuestas de la Comisión Europea a través de su respuesta a 3 preguntas: ¿Cual es vuestro análisis general de los nuevos reglamentos? ¿Cuáles son las medidas más importantes? ¿Qué se debe mejorar?
Una visión general de la propuesta del nuevo reglamento
El nuevo reglamento se percibe esencialmente como una continuidad del anterior. El esfuerzo aparente de simplificación de la estructura administrativa y del número de medidas es bienvenido, como ciertos ajustes dentro de algunas medidas concretas como los servicios de asesoramiento (art.15) y las inversiones (art. 22). La nueva medida de cooperación (art. 36) despierta expectativas positivas dentro de todas las organizaciones, como manera de apoyar los procesos de innovación y colaboración entre selvicultores y empresas forestales.
El agua, la biodiversidad y el desarrollo local emergen como elementos importantes a los cuales las nuevas medidas deben apoyar. La nueva priorización sobre bienes y servicios ambientales abre perspectivas interesantes para los bosques que proporcionan a nuestra sociedad numerosos beneficios, que hoy en día no se corresponden con ninguna compensación económica y dependen de la buena voluntad de los propietarios forestales.
La obligación de dedicar el 25% del presupuesto del PDR a la adaptación al cambio climático, junto con la introducción de medidas forestales específicas es percibida por los propietarios y gestores forestales como una oportunidad.
Importantes medidas para los bosques europeos, sus propietarios y el sector forestal
Sobre la competitividad, las organizaciones se muestran preocupadas por la ausencia de mención específica de la selvicultura dentro de los objetivos generales de la Regulación (Art. 4). Se celebra la prolongación de las medidas de inversión y formación, permitiendo apoyar plenamente la dimensión económica de la selvicultura a nivel nacional o regional, y en muchos casos complementando políticas y ayudas nacionales.
En esta dirección, el apoyo a los grupos de productores – Asociaciones de Propietarios Forestales (APFs), sigue siendo importante para todos. Algunos países tienen organizaciones muy fuertes mientras otros países las están estableciendo, pero en toda Europa, el alto y creciente nivel de fragmentación de la propiedad es un problema y únicamente podrá ser atendido a través del dinamismo de las asociaciones.
La financiación de los espacios forestales Natura 2000 es una tarea pendiente del período anterior, y existen pocas indicaciones que la situación cambie, los dos principales problemas siendo la burocracia excesiva y el presupuesto limitado asignado a nivel nacional.
Todavía por mejorar
La gran aceptación de las funciones forestales ambientales pone los selvicultores en el papel de productores de bienes ambientales públicos y deberían ser reconocidos como tales, a todos los niveles administrativos. Asignaciones presupuestarias protegidas deberían ser incentivadas a nivel nacional para la implementación de sistemas de pagos por servicios ambientales, en particular en relación con la gestión de cuencas y aguas subterráneas, y con la de los bosques periurbanos. Dos casos donde los beneficios de los bosques para la sociedad son evidentes.
La gestión de los riesgos naturales también podría mejorarse, en particular ahora cuando la ciencia y la experiencia nos enseñan claramente que será un problema creciente en el futuro. Catástrofes naturales afectando a los bosques tienen un impacto no únicamente en las regiones en las que ocurren si no también en los mercados de la madera de varios países y la respuesta pasa por un mecanismo a escala europea sobre prevención y seguros, mecanismo que hoy en día no existe. Se debe fomentar la selvicultura adaptativa.
Las energías renovables y en particular la biomasa forestal no aparecen como tales en la propuesta de reglamento, cuando son una formidable herramienta que los bosques europeos ofrecen a la sociedad en su lucha contra el cambio climático. Es de deplorar que no pueda haber un sub-programa forestal especifico pero podría haber uno sobre energías renovables en el ámbito rural, que permitiría obtener una tasa de cofinanciación más alta para las instalaciones de biomasa forestal para las granjas y equipamientos públicos rurales de un cierto tamaño.
No obstante, en un contexto donde el suelo se vuelve un recurso competido y se encuentra en el centro de demandas y intereses conflictivos, este apoyo se debería acompañar por un proceso paralelo de seguimiento, para determinar donde y cuando la bioenergía puede ir en contra de la biodiversidad (en ciertas zonas y/o a través de ciertas prácticas). Al mismo tiempo, la cuestión de saber si los cultivos de rotación corta son agrícolas o forestales debería ser clarificada, por el potencial importante que representan para la biomasa sólida. De la misma manera la compatibilización entre aquellos cultivos y objetivos de protección de la natura en Europa debe ser más estudiada.
Finalmente, con el fin de reducir la burocracia, en particular cuando se trate de sumas reducidas, se ve positiva la posibilidad de utilizar costes estándares o pagos automáticos a nivel nacional y regional. Otra medida muy bienvenida seria la posibilidad de recibir pagos por adelantado o pagos intermedios, en la situación actual de escasez de crédito bancario para propietarios individuales y organizaciones pequeñas.
Existe una clara relación negativa entre el nivel de burocracia y la implicación y motivación de los propietarios forestales privados, reflejada en la evaluación de las medidas forestales.
Algunas especificidades nacionales
El conjunto de puntos anteriores está ampliamente compartido entre todas las organizaciones forestales, pero además, son interesantes algunas de las perspectivas más nacionales:
Los propietarios forestales de Estonia están preocupados por los aspectos de prevención y restauración de daños resultado de las catástrofes naturales (art. 25), defendiendo que la obligación de tener vigente un plan de gestión forestal que recoja previamente objetivos de prevención puede impedir a un gran número de fincas pequeñas, el acceso a la medida.
Francia recuerda que a nivel nacional, la cobertura forestal no aumenta gracias a las repoblaciones, sino por el crecimiento natural en zonas abandonadas por la agricultura, y que este cambio estructural debería ser más considerado. Pide que los propietarios sean considerados como productores de bienes ambientales (agua potable, paisaje, aire puro, etc.) de la misma manera que los agricultores, y evocan medidas para la re-ubicación de industrias en territorio europeo. Hacen además hincapié en la necesidad de definir mejor la medida de cooperación (art. 36) para que pueda servir para apoyar los prometedores planes regionales de movilización forestal.
Los alemanes (Baja Sajonia y Schleswig Holstein) piden el reconocimiento de la importante dimensión económica del sector forestal, y no verlo únicamente en clave conservacionista, y una clarificación sobre los cultivos de rotación corta. Piden también una tasa de cofinanciación mayor para las acciones ambientales de los propietarios forestales, de las cuales se beneficia la sociedad en su conjunto.
En Italia, los propietarios forestales piden el apoyo a las plantaciones de corta rotación, la posibilidad de utilizar el PDR para promocionar la certificación forestal, y recuerdan las contradicciones de las reglas de ayudas públicas (“de minimis”) que representan un obstáculo a una mayor implementación de las medidas ambientales.
Los selvicultores españoles lamentan la ausencia de un sub-programa forestal específico que pueda permitir tasas mayores de cofinanciación para ciertas actividades importantes (Natura 2000, promoción de la biomasa forestal, etc.) e insisten sobre la necesidad de una financiación específica y protegida para la prevención de incendios forestales, a través del apoyo a seguros forestales y a prácticas de selvicultura preventiva.
Fuente: Econoticias
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