AGRO 2.0 INTERNACIONAL: Un Tribunal de la UE confirma la prohibición de las ayudas galas al sector agrícola

El Tribunal General de la Unión Europea (UE) confirmó hoy la decisión de la Comisión Europea (CE) de calificar de ayudas de Estado prohibidas los "planes de campaña" de más de 330 millones de euros que Francia concedió entre 1992 y 2002 al sector francés de frutas y hortalizas. Así lo ha acordado la Sala Sexta del Tribunal en una resolución en la que se desestiman los recursos interpuestos por Francia y la Federación de la organización económica del sector hortofrutícola (Fedecom) en abril de 2009, y que confirma así la anterior decisión de la Comisión de calificar como prohibidas las ayudas galas que beneficiaron al sector hortofrutícola durante diez años.

La citada decisión fue aprobada por la CE en 2009 para declarar "incompatibles" con el mercado común las ayudas de Estado francesas que facilitaban el comercio de este tipo de cultivos cosechados en territorio galo.
Según la CE las ayudas, que superaban a los 330 millones de euros, eran administradas por unos comités económicos agrícolas autorizados, que engloban las organizaciones de productores agrícolas a escala regional.
Los productores sufragaban entre el 30 % y el 50 % del fondo con cotizaciones voluntarias para poder beneficiarse de las ayudas, mientras que el resto del fondo era asumido por el Servicio Nacional Interprofesional del Sector de las Frutas (Oniflhor), dependiente del Estado francés.
En una sentencia notificada hoy, de la que ha sido ponente -juez relator- Santiago Soldevila Fragoso, se señala que la Oniflhor decidía unilateralmente acerca de las medidas financiadas por los "planes de campaña", a pesar de que los comités se encargaran de administrar los fondos operativos.
Para la Sala ha quedado acreditado que el Estado francés participó con un papel preponderante en los comités económicos agrícolas, y destaca también el hecho de que los beneficiarios de las medidas sólo podían acogerse a ellas si contribuían con el fondo.
En concreto, el tribunal niega que exista una vulneración del principio de confianza legítima de los beneficiarios de las ayudas, ya que, no puede considerarse legítima una ayuda ejecutada sin haber sido previamente notificada a la Comisión.
Por su parte, Francia solicitó la anulación parcial de la decisión al entender que no constituían "ayudas de Estado" lo que, a su juicio, eran unas medidas financiadas mediante fondos privados aportados voluntariamente y sin intervención de la autoridad pública.
En la imagen, el ministro francés de agricutlura y pesca Bruno Le Maire.

Fuente: agroinformacion