AGRO 2.0 INTERNACIONAL. Trabajo infantil peligroso en agricultura: un balance de las discusiones

Principales ideas del período de moderación

La OIT estima que de los 215 millones de niños en situación de trabajo infantil del mundo, el 60% trabaja en el sector de la agricultura, una de las tres actividades laborales consideradas más peligrosas para su vida junto a la minería y la construcción. En América Latina hay 14 millones de niños en situación de trabajo infantil entre 5 y 17 años, lo que representa 10% del total de niños en ese rango de edad (141 millones). De ellos, 9,4 millones realizan trabajos que son peligrosos y amenazan su integridad física y psicológica.

El trabajo infantil en la agricultura, está estrechamente vinculado a problemáticas relacionadas con el acceso a la tierra, la cualificación técnica de la mano de obra, el aumento de la productividad, la seguridad alimentaria, la competitividad internacional y el uso sustentable de recursos naturales, entre otros aspectos. En un nivel más específico, el trabajo infantil peligroso en la agricultura requiere de un abordaje integral de los sistemas productivos familiares, la migración y las alternativas de generación de ingresos.

En Guatemala existe alrededor de 1 millón de niños y niñas trabajadores, y la agricultura es el sector que más incorpora esta población como mano de obra. Esta situación obedece en gran parte a que las familias viven en situaciones de extrema pobreza y dependen fuertemente de las actividades agrícolas. Los niños y niñas trabajadores, por lo general, lo hacen en condiciones precarias, no son contratados formalmente y no reciben remuneración alguna, lo que los hace aún más vulnerables y no permite que se garanticen sus derechos fundamentales. En la producción y exportación agrícola, se presenta además un fenómeno de migración de familias completas que en época de cosechas buscan un ingreso complementario y para lo cual requieren de sus hijos como mano de obra. Tal como lo señala Erick Aldana, “el trabajo infantil tiene un rostro indígena, rural y de pobreza extrema”. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2001-2012 de las Naciones Unidas, el 62% de la población vive en pobreza, 30% pobreza extrema y 4% en pobreza severa (miseria). Cerca el 70% no cuenta con algún tipo de cobertura de salud e igual porcentaje de hogares tiene ingresos menores al valor de una canasta básica vital de bienes y servicios. Esta situación es más marcada en las zonas rurales y en la población indígena que es la que más se dedica a la actividad agrícola, con los salarios más bajos y la menor escolaridad de la población. Entre la población indígena, el porcentaje de personas que vive en situación de pobreza alcanza el 75%.

En la agroindustria no existe formalmente trabajo infantil, y se ha avanzado de manera significativa en este aspecto,en parte gracias a las certificaciones que se exigen a los exportadores para poder participar en mercados globales de productos agrícolas. Sin embargo, en algunas actividades agroindustriales tales como el cultivo del banano, aún persiste el trabajo infantil pero de manera invisible porque se camufla alrededor del trabajo del núcleo familiar. Lo que se evidencia, es que la mayor incidencia de trabajo infantil y sus peores formas ocurre en la economía de subsistencia dónde los trabajadores son informales y representan entre el 70% y 80% de la fuerza laboral en Guatemala.

Guatemala suscribió el Convenio 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura y cuenta con una legislación nacional al respecto. Sin embargo, existe una brecha entre lo regulado y la aplicación efectiva para cumplir con estos compromisos. La débil presencia del Estado en el campo, es un factor estructural para que esta situación ocurra, ya que en gran medida en las zonas rurales las reglas laborales las fijan actores privados dueños de la tierra y del capital, y el Estado no está en capacidad de inspeccionar, controlar y vigilar situaciones irregulares relacionadas con el trabajo infantil.

Erradicar el trabajo infantil en la agricultura requiere contar con voluntad política, la cual en la práctica se traduce en la asignación de recursos para lograrlo. Hablar de trabajo decente y de protección integral a la niñez requiere modifican factores estructurales tales como la pobreza y los patrones culturales y étnicos que alimentan la idea de que el trabajo infantil es formativo y conveniente para los niños y las niñas.

A pesar de que existen iniciativas privadas exitosas, éstas siguen siendo acciones aisladas de las políticas nacionales lo que limita su impacto. ¿Cómo hacer que éstas experiencias se conviertan en políticas públicas nacionales?

En Guatemala aún no es posible hablar de empresas agrícolas como tendencia pero sí como posibilidad y respuesta a las problemáticas vinculadas al empleo, niñez y trabajo decente juvenil. Una actividad agrícola basada en cooperativismo y emprendimiento, puede potenciar y generar nuevas, mejores y mayores oportunidades de trabajo e ingreso decentes.

Aportes y construcción de conocimiento sobre el tema.

El trabajo infantil está estrechamente vinculado a la pobreza. Las familias pobres no tienen los medios para costear la educación de sus hijos, los cuales son una fuente importante para el ingreso familiar. En algunos países es una costumbre ancestral que los niños acompañen a sus padres a las labores agrícolas, y esto hace parte de su cosmovisión. El trabajo es visto como una actividad formativa para los niños y niñas.

La migración de las familias y los que migran de cosecha en cosecha, reproducen situaciones de trabajo informal, precario y mal remunerado. Aunque los niños y niñas estén escolarizados, en épocas de cosecha abandonan la escuela para apoyar el trabajo de sus familias. Cuando estas familias deben migrar a las grandes ciudades la única inserción posible es en asentamientos marginales o bien en zonas de periferia realizando labores en quintas con la consiguiente explotación y riesgo de salud para los menores. Los ciclos económicos, en particular las crisis, profundizan el fenómeno de migración hacia las ciudades, o hacia otros países.

La vulnerabilidad de las familias que trabajan y viven en fincas es alta. Muchas veces habitan en condiciones de hacinamiento, con malas condiciones de saneamiento, sin acceso a escolaridad para niños y niñas, persistiendo el trabajo infantil como parte del trabajo de la unidad familiar, y bajo las normas del empleador en aspectos que van más allá del trabajo, perpetuando formas de trabajo asimilables a la servidumbre.

Hay otros dos grandes factores que incrementan el riesgo del trabajo infantil: la falta de educación escolar y la ausencia de control por parte del Estado para prevenir o reprimir esas prácticas. Existen familias que hacen esfuerzos para matricular a sus hijos en la educación primaria, pero la oferta en secundaria es poca o privada por lo cual estos niños y niñas terminan retornando a las actividades agrícolas. De otra parte, las leyes existen pero no se aplican, y en relación con los adolescentes hay una desprotección muy marcada.

Más allá de los aspectos culturales que pueden sobrevalorar el trabajo en el mundo rural, el trabajo infantil en el campo está relacionado con la concentración de la privación o carencia: menos escuelas, menos colegios, menos posibilidades de esparcimiento, menos alternativas de capacitación, menos posibilidades de ejercer derechos, con la vulnerabilidad que esto conlleva. Así mismo, situaciones como el cambio climático están generando una crisis alimentaria que inevitablemente atraerá más niños y niñas al trabajo agrícola.

La educación es una buena estrategia para combatir el trabajo infantil, pero se requiere una educación de calidad que promueva el desarrollo digno del ser humano y fomente su ciudadanía. Aquí deben sumarse programas de educación para la extra edad, oferta de complementos nutricionales, monitoreo a los niños y niñas y flexibilización de la jornada educativa y de los contenidos académicos para niños y niñas trabajadores en las zonas rurales.

La prevención del trabajo infantil puede mejorarse mediante un mayor control por parte del Estado, promoviendo la denuncia y mediante programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) con seguimiento y apoyo a las familias, y sensibilizando a los padres sobre la importancia de que sus hijos estén escolarizados. Se requiere un trabajo mancomunado entre el Estado, las familias y la comunidad.

Se deben impulsar políticas que permitan implementar programas de atención directa a los niños y niñas dentro de las fincas o haciendas, donde reciban una atención digna que le provea educación, alimentación y seguridad. Para ello, los propietarios de las fincas o haciendas deben estar comprometidos y sensibilizados sobre la importancia de tener cosechas libres de mano de obra de trabajo infantil. La sola denuncia del trabajo infantil sin enfrentar a quienes generan condiciones de vida infrahumanas, no permitirá cambiar la situación radicalmente.

Aunque la educación es un elemento importante para combatir el trabajo infantil, se requieren enfoques integrales en los que una educación innovadora, de calidad y con pertinencia cultural es sólo una parte de los esfuerzos, además del desarrollo de programas sociales focalizados, temporales y condicionados o que generen alternativas de ingreso vía proyectos productivos.

Se debe permear a la sociedad sobre el perjuicio futuro del trabajo infantil, para la propia sociedad, y en particular es importante promover un papel más activo por parte de los sindicatos.

Fuente: http://encuentrotrabajoinfantil.fundaciontelefonica.com