AGRO 2.0 INTERNACIONAL: La Unión Europea repiensa su política agrícola

La producción rural de la Unión Europea (UE) está basada en su Política Agrícola Común (PAC), originada hace seis décadas para afrontar la grave escasez de alimentos que azotó al continente durante y después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Pero en tiempos de hambre, persistentes sequías e inminentes guerras por recursos naturales, expertos advierten que es necesario revisar la lógica detrás de la PAC, enfocada en producir grandes cantidades de alimentos usando métodos fundamentalmente industriales.

En primer lugar, los europeos ya no sufren hambre. De hecho, comen el doble de carne que el promedio mundial. Más de 170 kilogramos de alimentos por habitante se desperdician al año en la UE, según la Oficina Europea de Medio Ambiente.

En segundo lugar, el tipo de agricultura industrial promovida durante décadas por el bloque tiene un gran costo para el ambiente: el sector responde por un cuarto del total del agua utilizada en Europa. Al año, 100.000 hectáreas de tierra se pierden debido a su deterioro, y la biodiversidad se reduce a un ritmo sin precedentes.

Finalmente, el apoyo oficial de la UE a sus agricultores para exportar artículos a precios muy por debajo de sus costos de producción ha jugado un papel clave en la destrucción del sustento de pequeños productores en los países en desarrollo.

Aunque esos subsidios se han reducido significativamente en los últimos años, Europa es hoy el mayor importador y exportador de productos agrícolas. Sus importaciones de alimentos para animales favorecen los monocultivos, la deforestación e incluso el acaparamiento de tierras en países en desarrollo.

Claramente, se necesita transformar el modelo, por el bien de los países en desarrollo, por la crisis climática global y por la salud y bienestar de los propios europeos.

Propuestas de reforma

Muchos europeos ya son conscientes de la necesidad de ese cambio. La PAC es actualmente sometida a reformas estructurales, que probablemente terminen con la adopción de una política modernizada para 2014.

El año pasado, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, presentó una propuesta de reforma que, si bien no aborda necesariamente todos los problemas de la PAC -como su fuerte énfasis en el incremento de la producción en base a la agricultura industrial, o su impacto en la soberanía alimentaria en el resto del mundo- da pasos decididos hacia métodos de agricultura verde en todo el bloque.

Fondos públicos por más de 350.000 millones de euros (439.700 millones de dólares) son destinados a financiar establecimientos agrícolas de la UE en cada presupuesto para un periodo de siete años.

La Comisión propuso que, a partir de 2014, 30 por ciento de los subsidios para los agricultores sean condicionados a la adopción de estándares ambientales.

También estableció un techo de 300.000 euros para cada productor. Además, llamó a la diversificación, pidiendo a los agricultores que plantaran al menos tres tipos diferentes de cultivos.

Asimismo, solicitó a los productores que mantengan pastizales libres, en vez de arar todas sus tierras, para permitir el secuestro de carbono, proteger la biodiversidad y mejorar la administración del agua. Exigió además que siete por ciento de la tierra de cada granja se mantenga sin cultivar, permitiendo que la naturaleza se desarrolle allí libremente.

La propuesta representa un intento de llevar la agricultura europea a prácticas más naturales. Para muchos de los 15 millones de productores del bloque, las recomendaciones no son difíciles de implementar, y los buenos resultados en varias pequeñas granjas en todo el bloque son evidencia de que las medidas no solo son prácticas, sino también exitosas.

Pero agricultores industriales, interesados en aprovechar hasta la última porción de tierra para producir más y hacer ganancias, les darán batalla a las reformas.

La propuesta de la Comisión fue criticada tanto por grupos de agricultores industriales como por algunos gobiernos. Un informe del Parlamento de Gran Bretaña señaló que los cambios implicarían nuevas cargas burocráticas sobre los productores, y posiblemente estorbarían las prácticas verdes ya implementadas en algunos países miembros.

La Comisión por el momento intenta mantenerse firme. "Sé que algunos agricultores ya están haciendo más. Nosotros definitivamente no queremos castigarlos" a ellos, dijo a IPS el comisario de la UE para Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos.

"Es por eso que la Comisión está dispuesta a considerar un sistema de equivalencia en esos estados miembro o regiones que ya han hecho mucho en esa dirección. Les damos esta flexibilidad porque es importante tener en cuenta el progreso hecho hasta ahora", añadió.

"Pero, más allá de esta flexibilidad, el principio sigue siendo el mismo", indicó.

"El punto clave con estas prácticas agrícolas verdes vinculadas con los subsidios es que tengan un impacto real a nivel europeo. Y solo podremos lograrlo si le pedimos a cada uno de los agricultores que las apliquen", agregó.

"Por tanto, esas medidas no pueden ser voluntarias. No podemos hablar de sostenibilidad de la agricultura sin asumir la responsabilidad por la protección del ambiente y el manejo de los recursos naturales", subrayó.

Cuando falta un año más de negociaciones sobre la PAC, la Comisión ahora lucha para asegurar que sus propuestas iniciales no se vean debilitadas y para ganar la aprobación de los países hoy renuentes.

Organizaciones no gubernamentales ambientalistas que al principio recibieron con poco entusiasmo la propuesta de la Comisión, señalando que podría ser mucho más amplia, ahora defienden las reformas y utilizan su poder de base para presionar a los estados miembros a que acepten las recomendaciones.

"La propuesta de la Comisión es un intento de cambiar el enfoque de la PAC, de orientarla para proteger los bienes públicos", dijo a IPS la encargada de estudiar las políticas agrícolas de la UE para la organización BirdLife, Trees Robijns.

"Pero veremos si resulta ser una PAC más verde o, por el contrario, un ecoblanqueo", añadió.

Se utiliza el término "ecoblanqueo" ("greenwashing" en inglés) para referirse a estrategias publicitarias de empresas o gobiernos que aparentan respetar el ambiente pero que terminan siendo irrelevantes.

"Los beneficiarios de la PAC deben entender que este dinero público que reciben no es un derecho, sino un privilegio que deberán defender y justificar", añadió Robijns.

Fuente: IPS