AGRO 2.0 INTERNACIONAL: La guerra del viñedo europeo

José Manuel Silva Rodríguez, director general de Agricultura de la CE. Se anuncia la guerra europea del viñedo. Y tres de los cuatro protagonistas de los últimos días son españoles: el ministro de Agricultura, Migue Arias Cañete, la eurodiputada Esther Herranz y el director general de Agricultura de la Comisión Europea, José Manuel Silva Rodríguez. Han sido unas tensas jornadas sobre el futuro del derecho a plantar viñas en Europa que han acabado con una reacción enfurecida del cuarto protagonista, el presidente de la Asamblea de las Regiones Europeas Vitícolas (AREV), Jean-Paul Bachy, francés, contra Silva. Lo que estáen juego: que se va perfilando que, en contra de ciertos intereses de zonas vitícolas, el actual sistema de limitación absoluta de las plantaciones va a ser liberalizado.

En la Unión Europea está prohibido plantar una sola hectárea de viñedo sin obtener los derechos que administra la UE, que implican arrancar previamente otra hectárea existente y transferir (generalmente, mediante pago del que se beneficia el que ha arrancado viña) esos derechos. Se evita así que aumente la superficie plantada y se da un valor añadido a cualquier viña, buena o mala: la de sus derechos el día en que se decida arrancarla.

En el resto del mundo la plantación es libre.

Las grandes denominaciones vitícolas como Rioja o Burdeos han presionado a sus gobiernos para detener la liberalización decidida por la anterior comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, en aras de una mayor competitividad europea frente al empuje del Nuevo Mundo desregulado. Esas grandes zonas temen una erosión de su actual predominio. En cambio, las patronales del sector, como la Federación Española del Vino, defienden la liberalización.

El Gobierno socialista español se sumó a la mayoría contraria a la liberalización y su sucesor se ha mantenido esencialmente silente. Pero directivos de la asociación Grandes Pagos de España que se reunieron con altos cargos del Ministerio dirigido por Arias escucharon de ellos que les parece bien un sistema más flexible, en el que las denominaciones de origen podrían gestionar los derechos o prescindir de ellos según su preferencia, y se desregularía la plantación fuera de las denominaciones e indicaciones de calidad.

La eurodiputada riojana del PP Esther Herranz, una de las portavoces del sector inmovilista en el Parlamento Europeo, se ha mantenido en su postura firme y radical. La semana pasada, antes de una decisiva reunión en Palermo de la Comisión Europea (CE) con las organizaciones del sector, hizo circular un comunicado –con membrete del PP- inequívoco.

En él se informaba de que, en una intervención ante la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, Herranz había instado al Parlamento Europeo a que mantenga una defensa férrea a favor de prorrogar los derechos de plantación del viñedo más allá del año 2018 "porque se trata de un asunto decisivo para el futuro del sector". "Fue contundente en la defensa del mantenimiento de los derechos de plantación". Pero Herranz "se lamentó también de que 'la Comisión Europea esté barajando distinguir entre las zonas productoras de vinos de calidad y las demás regiones', lo que podría traducirse en el mantenimiento de la liberalización prevista en el caso de los vinos de mesa, dando lugar a un perjuicio serio para los productores de caldos con distintivos de calidad".

Ante esta manifestación, elmundovino solicitó por escrito del Ministerio de Agricultura que confirmase si la postura de Herranz es también la que va a mantener oficialmente España en la negociación. Al cabo de una semana, seguimos esperando una respuesta.

El caso es que, el viernes en Palermo, la CE planteaba efectivamente la posibilidad de pasar a un "nuevo sistema", más eficaz y flexible que el actualmente en vigor, pero diferente de la liberalización total inicialmente prevista. La idea se presentó en la tercera y penúltima reunión del grupo de alto nivel sobre el vino, según informaron en Bruselas fuentes comunitarias citadas por la agencia Efe.

El objetivo de Bruselas no es mantener el régimen vigente ni prorrogar los actuales derechos de plantación, sino buscar una nueva fórmula que permita resolver los problemas existentes, según adelantó hace unas semanas el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos. En Palermo, el director general Silva dijo durante la reunión del grupo de alto nivel que "no es aceptable una vuelta atrás", ya que incluso desde el punto de vista jurídico no sería posible prolongar indefinidamente un "sistema temporal".

La "idea esencial" es que la gestión de las plantaciones debe implicar a los profesionales, a través de un sistema moderno de gestión que no puede estar centralizado en Bruselas, explicó Silva en su discurso.

La CE dice ahora que hace falta un nuevo régimen, dotado de "un mecanismo flexible para permitir a algunas regiones aumentar la producción, sobre todo para exportar a terceros países", explicaron fuentes comunitarias.

El sistema que estudia la CE dejaría la puerta abierta a que las organizaciones interprofesionales asumieran la gestión de la plantación para vinos con denominación de origen o con una indicación geográfica protegida. A la vez, plantea una cláusula de salvaguarda para evitar una expansión rápida del viñedo que pueda provocar la degradación de la situación del mercado, indicó Silva.

El grupo de alto nivel se creó este año para analizar las peticiones en favor del mantenimiento de los derechos de plantación. La última reunión se celebrará en noviembre o diciembre y, en ella, se presentarán las conclusiones formales del grupo.

En los últimos años, España, Francia, Italia, Alemania, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía y otros países han pedido a Bruselas que reconsidere la decisión de eliminar los derechos de plantación y que mantenga el régimen más allá de 2015.

Los países que se oponen a la liberalización de los derechos de plantación argumentan que una expansión de la superficie de viña provocará una "devaluación de los productos de calidad o con denominación de origen", y una "industrialización excesiva" de la viticultura europea.

Además, alertan de que el riesgo de exceso de producción rebajará los precios a causa de un aumento de la oferta y perjudicará a las zonas menos productivas.

La realidad del mercado no va por ese camino: países como España se han acogido con entusiasmo al arranque subvencionado de viñas de la UE, la superficie de viñedo ha caído en toda Europa y la producción de vino está en retroceso frente a la pujanza del resto del mundo.

Pero para la AREV el mantenimiento del sistema de peaje actual es fundamental para mantener los derechos y privilegios existentes. Fue a Palermo a defender esa postura y se produjo un encontronazo significativo con Silva.

En una nota oficial, la AREV comunicaba que su presidente, Jean-Paul Bachy, había sido invitado a ir a Palermo a presentar el estudio por ella encargado al profesor de la Universidad de Montpellier Étienne Montaigne, contrario a la liberalización. Continua la nota:

"El presidente y los miembros de la AREV habían tenido que demostrar un verdadero empecinamiento para lograr ser por fin recibidos en ese tercer grupo de alto nivel. Después de una breve presentación de la AREV y de una toma de posición política sobre los derechos de plantación (particularmente fundada en el análisis del estudio de Montaigne), el presidente Bachy se ha visto privado de su derecho a la expresión por el presidente de la sesión y director general de Agricultura, José Manuel Silva Rodríguez. Ante esta denegación de la democracia y a un comportamiento inadmisible por parte de un representante de la Comisión Europea, Jean-Paul Bachy desea reafirmar la elección política de la AREV en cuanto a los derechos de plantación: ninguna liberalización, ningún tratamiento diferenciado para las diferentes categorías de vinos. Esta situación sólo refierza a la AREV en su determinación de hacerse oír y, sobre todo, respetar".

Así que la AREV declara la guerra a la Comisión, convocando el 7 de noviembre en Bruselas a una concentración para "sensibilizar a la opinión sobre los efectos desastrosos de una liberfralización de los derechos de plantación, aunque se limitase a los vinos sin indicación geográfica protegida".

Fuente: elmundovino