A partir de 1989, la clase dominante de El Salvador retoma en su totalidad el poder político, inicia un proceso de cambio radical en el modelo de producción y distribución en la economía de nacional, aplicando un conjunto de políticas económicas dictadas durante los años noventa por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington DC (CONSENSO DE WASHINGTON) como el mejor programa económico que los países deberían aplicar para impulsar el crecimiento. El Salvador se menciona como país estrella en la aplicación de dichas reformas1/: Austeridad fiscal, reduciendo el gasto público, lo que tuvo como consecuencia la disminución o eliminación de la inversión social. Además, se implementó una reforma impositiva regresiva. Otras medidas fueron la liberalización del sistema financiero y de las tasas de interés; liberalización del comercio internacional y de la inversión extranjera directa. Se privatizaron activos rentables del Estado hacia el sector privado con mayor poder económico. Además la economía se desreguló y se trató de garantizar los derechos de propiedad. A estas medidas se sumó la dolarización que tenía como objetivo beneficiar al sector importador y financiero. El objetivo de fondo era anular el papel del estado como agente económico. Se trataba de crear las condiciones para que la empresa, particularmente la gran empresa nacional y transnacional, se le garantice la recuperación de su capital y la obtención de elevados niveles de rentabilidad, mediante la reducción en el pago de impuestos, bajos salarios, deterioro de los recursos naturales, creación de infraestructura, eliminación de sistemas de controles y facilidades administrativas para realizar sus negocios. Mediante la argumentación “lógica” que esto llevaría a la creación de riqueza y vía empleo y salarios, se beneficiaria a la gran mayoría de la población. Los resultados son de todos conocidos: El Salvador es el país con más bajos niveles de crecimiento en C.A. en los últimos quince años, con un déficit creciente de la balanza comercial, entre las que se destaca la dependencia de importaciones de alimentos. También existe déficit fiscal y elevado endeudamiento, con un servicio de la deuda no sostenible, bajos niveles de inversión, niveles de consumo muy superior a la producción, pérdida de competitividad, incremento de la inequidad social, concentración del ingreso. Como consecuencia de estas políticas se redujo la participación y responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos, minimizando todas las prestaciones y beneficios sociales logrados por la población (Subsidios, previsión social, precios de los servicio públicos). El sector agropecuario fue la actividad económica más afectada por las medidas de corte neoliberal, retirando todo el apoyo institucional al sector ante todo la inversión requerida para la producción de alimentos. Este sector por sus propias características se encuentra en desventaja al resto de sectores de la economía: su naturaleza biológica de la producción, su dependencia del clima y suelo, lo vuelven un sector altamente riesgoso y poco competitivo ante la producción externa subsidiada. Existe un consenso en que el crecimiento agrícola lleva a la expansión de la economía global, ya que los recursos utilizados son solo marginalmente competitivos con otros sectores y por eso el crecimiento agrícola tiende a ser adicional al de los otros sectores. En El Salvador, de acuerdo al Censo Agropecuario 2007, existen 400 mil manzanas con potencial de cultivo así como recurso humano disponible para la producción agropecuaria. Otros beneficios del crecimiento del sector agrícola sobre el resto de la economía global derivan de la estructura del consumo e ingreso en las zonas rurales. Primero, la propensión al consumo es mayor en las zonas rurales que en las urbanas y además la composición de su gasto asigna un mayor peso a los bienes nacionales que a los importados, lo que crea un efecto multiplicador sobre el ingreso global. Entre las medidas que han tenido gran impacto para el deterioro del sector desarrolladas en a los años 90 se tienen: -Reducción casi total del crédito agropecuario. En promedio en los últimos años solamente el 5 % del total del crédito fue destinado al sector. Este crédito fue orientado a las actividades de mayor rentabilidad y menores riesgos caña de azúcar y café. -Desmantelamiento del cooperativismo agropecuario, mediante la política de fomento del individualismo, la promoción de la parcelaciones de las cooperativas y el impulso de políticas de la concentración de la tierra a manos de capitalistas mediante la argucia del pronto pago, en lugar de promover el saneamiento financiero, tal como se hizo con la privatización del sistema bancario. -Destrucción del Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA), que permitía que la población no sufriera de precios altos de los alimentos y garantizaba trasladar ingresos a los pequeños productores mediante los precios de garantía. Esta acción quedó para la historia como uno de los actos más irracionales cometidos por un ex ministro de agricultura que ahora paradójicamente forma parte o dirige una institución “promotora del desarrollo”. -Desmantelamiento casi total del servicio de generación y transferencia de tecnología agrícola, reduciendo las agencias de extensión de 75 a 24, despidiendo a mas de 600 profesionales con altos niveles de formación científico técnico y descapitalizando al país de un recurso humano de alto nivel. -Privatización de la producción de semilla mejorada, y concesión de la infraestructura de almacenamiento público (bodegas y cuartos fríos) a precios muy por debajo de los de mercados, convirtiéndolo en un subsidio a uno de los empresarios más ricos del país. -Deterioro de los distritos y pequeños proyectos de riego sin realizar ninguna nueva inversión en esta infraestructura, disminuyendo y limitando la agricultura bajo riego, tan determinante para mejorar la productividad agrícola. -Inhabilitación del Banco de Fomento Agropecuario para la importación de insumos estratégicos para la producción de alimentos, obligando a los productores a adquirirlos con precios de una estructura de mercado oligopólica, es decir, por encima de lo que es un precio en un mercado competitivo, teniéndose los precios mayores en todo el área C.A. Con estas medidas se consolidó una estructura oligopólica en la importación y distribución de insumos agropecuarios que todavía se mantiene, dos empresas FERTICA Y DISAGRO, imponen sus precios en el mercado. Como se sabe las estructuras oligopólicas implican una transferencia de bienestar desde el consumidor hacia el vendedor, en este caso de agricultores empobrecidos a estas empresas. Esta situación no permite mejorar la productividad y competitividad agrícola, ya que se produce con mayores costos, reduciéndose la oportunidad de mayores ingresos para los pequeños productores agrícolas. -Otorgamiento de contingentes - no pago de aranceles - con la complicidad de los Ministerios de Agricultura y de Economía de grandes volúmenes de importación de maíz y arroz a empresarios agroindustriales y comerciantes importadores en detrimento de la pequeña producción agrícola al competir con la producción importada altamente subsidiada repercutiendo en precios bajos a los productores nacionales, situación que todavía se mantiene con todos los vicios en el presente gobierno sin ninguna medida correctiva. Si no se revierte esta situación la crisis en la producción de alimentos se intensificará, incrementándose los precios y agravando la pobreza y desnutrición, particularmente en las zonas rurales y urbanas empobrecidas. Esta situación puede ser superada solamente si se privilegia una política de inversión pública orientada al desarrollo agropecuario, que esté sustentada en una estrategia de SOBERANIA ALIMENTARIA, la cual en si misma constituye un amplio espectro de acciones de ambicioso propósitos y profundo sentido liberador. Una política efectiva de seguridad alimentaria, parte de la premisa básica de que el Estado debe asumir sin vacilación y con profunda convicción el rol fundamental del desarrollo económico y muy particular del desarrollo agropecuario. En este punto se debe tener claridad sobre el rotundo fracaso de los mecanismos del mercado y los falaces argumentos que muestran al Estado como un ente ineficiente y ajeno a esos propósitos. Algunas medidas que pueden tomarse son las siguientes: -Potenciar y fortalecer el cooperativismo agrícola, incorporando tierras no utilizadas a la producción agropecuaria. -Ampliación de la capacidad de cabida de las cooperativas, en la relación hombre/ tierra. Es decir, aumentar el número de socios de las cooperativas para que existan más personas por unidad de tierra. -Apoyar procesos de agro industrialización a través de mecanismos de co – inversión públicos – privados. -Realizar inversiones en pequeñas y grandes obras de riego, incorporando tecnologías de utilización mínima del recurso agua. -Implementación de un Programa de Mejora de Infraestructura como caminos rurales, mejoramiento y desecamiento de tierra. -Recuperación de la institucionalidad orientada a la investigación y extensión agropecuaria, puesto que sin ciencia y tecnología no existen posibilidades de desarrollo para ningún sector de la economía. -Garantizar crédito a pequeños y medianos productores, principalmente crédito de inversión que apoye la capitalización del sector. Históricamente está demostrado que el desarrollo económico solo es posible mediante una decisiva y consciente acción estatal. ANTE EL FRACASO DE LA MANO INVISIBLE DEL MERCADO HAY QUE HACER USO DE LA MANO VISIBLE DEL ESTADO.
Fuente: DiarioCoLatino.com
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