La descertificación de unos catorce productores independientes de banano le acarrearía al país pérdidas por unos $21 millones siempre que se cierren las fronteras a la exportación de la fruta proveniente de tres fincas afectadas, según representantes de ese sector agrícola.
“El país dejaría de vender unos $21 millones por la exportación, más 4.000 familias que se benefician directamente, y el efecto es ipso facto, porque en el momento que nos quitan la certificación hay un contrato que nos limita a poder salir al mercado internacional si no gozamos de la misma”, explicó Héctor Castro, presidente de la Asociación de Productores de Bananos Nacionales.
Al final de la semana anterior se conoció que una comisión de Estados Unidos descertificó a catorce productores independientes por presuntas violaciones de los derechos laborales, al supuestamente discriminar a uno de los dos sindicatos que existen en la empresa. En aquel momento, Iris Munguía, directiva de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (Festagro), explicó que la conclusión de descertificación fue emitida por la auditoría de investigación de la comisión certificadora para la exportación de productos al mercado estadounidense Rainforest Alliance”.
José Obregón, representante legal de las fincas Ana María, S.A., Bárbara, S.A. y María, S.A., explicó que el problema jurídico se originó por la existencia de dos sindicatos en interior de la empresa, ante lo cual las fincas decidieron negociar con el grupo que tiene una mayor filiación, lo que fue interpretado por la certificadora como una discriminación en contra del conglomerado más pequeño.
Entre los argumentos presentados por los productores para aclarar que no existe tal violación, está que “en el Código de Trabajo y la ley de Honduras se dice que solo puede haber un sindicato y un contrato colectivo”, añadió Obregón.
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