Una verdadera rebelión de grandes agroexportadores paraguayos, negados a aceptar el pago de un impuesto por la lucrativa venta al exterior de granos en estado natural, los enfrentó, incluso, al presidente electo, Horacio Cartes.El impuesto del 10 por ciento a las importantes exportaciones de soja, maíz, trigo y girasol fue ratificado por el Senado, después que las presiones de los empresarios lograran su rechazo en la Cámara de Diputados.
Ahora, el proyecto de ley regresó a Diputados donde parece condenado a su aprobación, pues sólo si lo rechazaran las tres cuartas partes de los legisladores podría detenerse.
El rechazo inicial, por ejemplo, de los llamados por algunos aquí “barones de la soja”, quienes durante muchos años se negaron a la cooperación con las arcas del Estado, devino ya en amenazas de movilizaciones y negativas públicas a pagar el mencionado impuesto.
El proyecto de ley, presentado entre otros por el senador del Frente Guasú, Sixto Pereira, permitirá una recaudación de alrededor de 300 millones de dólares anuales y plantea que se destine a obras sociales en el campo.
La oposición de la Unión de Gremios de la Producción, que agrupa a estos acaudalados exportadores encontró el apoyo de otros dos poderes empresariales en el país, la Asociación Rural de Paraguay y el gremio de los ganaderos.
Como si fuera poco, el presidente de la República saliente, Federico Franco, y el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, alinearon al lado de los poderosos empresarios -parte de ellos grandes latifundistas- optando por formas impositivas más suaves.
De esta manera, la semana que comienza debe ser escenario de una intensificación de la resistencia empresarial y un movimiento de apoyo a la imposición del gravamen ya anunciado por la Federación Nacional Campesina y otras organizaciones populares.
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