El Consell Valencià de Collegis Veterinaris (CVCV) alerta de la amenaza que supone para la seguridad alimentaria la entrada sin control en la cadena de los alrededor de 2.000 toros cerriles que cada campaña de ‘bous al carrer’ se sacrifican tras celebrarse los festejos de este tipo. El CVCV lamenta, asimismo, las críticas de la Asociación de Defensa de la Tradición de los Toros en la Calle contra la actuación de la Consellería de Agricultura que, en el uso de sus competencias exclusivas, está tratando de impedir tal cosa. "Efectivamente --señala en una nota--la consellería está haciendo cumplir la legislación al reclamar ciertos trámites y condiciones, que requieren de la presencia de un veterinario para que éste reconozca el estado del animal y expida la autorización sanitaria para el transporte, una guía que completa la trazabilidad del animal hasta el matadero".
A este respecto, el máximo representante de los veterinarios valencianos, Francisco Beltrán Andreu, advierte que tal documento “no es un trámite más, es algo esencial que debe ser expedido por un facultativo para garantizar, entre otras cosas, la seguridad de la carne y la ausencia de residuos que podrían ser nocivos para los consumidores de ése animal tras ser convertido en alimento”.
La actuación de la Administración se produce al poco de cerrarse la crisis alimentaria desatada en Europa por la presencia de carne de caballo en productos etiquetados como de ternera y en algunos pocos casos de ‘fenilbutazona’, un producto prohibido para équidos destinados a consumo humano. “Si la industria cárnica ha salido indemne de esta crisis ha sido gracias al cumplimiento de la legislación, a la responsabilidad que han demostrado tanto la Consellería de Agricultura como la de Sanitat en este asunto. En el caso valenciano esta regulación es si cabe más garantista en cuanto a las cautelas que se han de tener con los animales que pasan de uso recreativo a alimentario. De ahí que se entienda menos aún la vehemente reacción contra los veterinarios y contra de la actuación de Agricultura”, advierte Beltrán.
Asimismo, insiste en que el coste de los honorarios de estos profesionales, ya sean empleados públicos de la consellería o los habilitados por ésta al efecto, “es ridículo, es una gota en el mar de una tradición que, según la Consellería de Gobernación, tiene un impacto de 48 millones de euros, máxime tratándose de materias de salud pública, sanidad y bienestar animal”.
La entidad que aglutina a los colegios de Alicante, Valencia y Castellón viene defendiendo desde hace años la necesaria presencia de un veterinario en cada festejo. Su pretensión resulta coherente con lo establecido en el resto de leyes de este tipo. En Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Aragón, Cataluña, La Rioja y Navarra, esto es, en todas las regiones con tradición en festejos callejeros, es preceptiva la presencia de al menos un veterinario. Beltrán advierte que “el empecinamiento en la negativa a incluir una mejora tan simple nos separa del resto de las regiones, imposibilita el cumplimiento de la legislación y no ayuda a que los ‘bous al carrer’ sean declarados Bien de Interés Cultural (BIC)”, meta en la que, como se recordará, se fracasó el año pasado.
El CVCV quiere matizar igualmente que es falso el dato esgrimido por la citada asociación, que viene sosteniendo que los tribunales les otorgaron la razón sobre la supuesta innecesariedad de un veterinario en tales festejos. La sentencia aludida (STSJCV de 11 de marzo de 2004–Secc. Tercera de lo Contencioso-Administrativo) no niega las actuaciones veterinarias previstas en la legislación, se limita a indicar que "no resulta necesario que el Decreto (el referido a la legislación autonómica de ‘bous al carrer’) reitere o incorpore el contenido de esas disposiciones, al respetar el Decreto ese ordenamiento jurídico".
Y en este sentido, la referida regulación autonómica, nacional y comunitaria es taxativa a la hora de reconocer el papel del veterinario tanto desde la perspectiva del bienestar y salud animal y ya en el ámbito sanitario, como garante de la seguridad alimentaria. Con todo, el CVCV cree que la mayoría de organizadores de festejos no se oponen a que éstos se desarrollen con todas las garantías normativas, se muestra abierto a establecer un diálogo constructivo entre todas las partes y considera que éste es tan sólo un primer paso en la definitiva normalización de esta tradición para contribuir así a mejorarla.
fuente: agroinformacion
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