La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, lamentó ayer la «incomprensible» actitud de los sindicatos mayoritarios -CC.OO y UGT-, que «han actuado primando motivos políticos y partidistas sobre los intereses de los trabajadores de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental, Geacam».
Durante una entrevista concedida al programa «Castilla-La Mancha Despierta», de Castilla-La Mancha Televisión, Soriano criticó que, a pesar de la delicada situación financiera de la empresa pública, los sindicatos «no hayan tenido la sensibilidad suficiente con la plantilla», ya que el preacuerdo que han roto contaba con el apoyo mayoritario de los trabajadores y garantizaba el futuro de Geacam.
La consejera recordó que CC.OO se desvinculó desde el principio del preacuerdo, mientras que UGT se desmarcó a última hora por un aspecto secundario, como era la pretensión de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha -en concreto la propia consejera de Agricultura- ratificara el acuerdo, «algo para lo que yo no tengo competencias, y los sindicatos lo saben», ha precisado la propia responsable regional.
Sobre este punto, resaltó que sí se ofreció a rubricarlo como presidenta del Consejo de Administración de Geacam, «que era la firma que tenía validez legal», pero incomprensiblemente UGT se negó, enrocándose en una «cláusula fuera de la legalidad», tal y como ratificaron los propios servicios jurídicos del Gobierno castellano-manchego.
La consejera de Agricultura expuso que el preacuerdo al que llegó la empresa pública con los trabajadores aseguraba el mantenimiento de toda la plantilla, que a cambio pasaba de fija a fija-discontinua durante los próximos 4 años.
En ese periodo de tiempo, dijo, trabajarían entre 8 y 9 meses por año, percibiendo su prestación por desempleo durante los meses de invierno, para volver a la situación normal en el año 2016. Además, se contemplaban prejubilaciones ventajosas a partir de los 59 años.
También explicó la crítica situación económica en la que se encontraba Geacam al llegar al Gobierno, con «deudas millonarias por valor de más de 93 millones de euros que la estaban asfixiando». Entre esas deudas, hizo incidencia en la existencia de facturas sin pagar por valor de 25 millones de euros, un crédito de 6,5 millones «para una sede suntuosa», así como contratos blindados para adquirir coches o alquiler de edificios infrautilizados.
A esa abultada cantidad le ha sumado que «cada día que pasa sin acuerdo le cuesta 120.000 euros a Geacam», lo que hace «más crítica y delicada la situación financiera de la empresa». Por ello, hizo hincapié en la necesidad de alcanzar pronto una salida.
Fuente: abc
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