Los productores de remolacha de la comarca de Toro consideran que la aprobación del recorte a las ayudas de la Política Agraria Común supondría el fin de sus plantaciones dada la «nula rentabilidad» que obtendrían por cada tonelada vendida. A los problemas que actualmente encuentran con la industria por el precio de cada porte, se uniría la reducción de esta contribución europea, por lo que «muchos agricultores» están planteándose abandonar la siembra para el año 2014.
El responsable del sector remolachero del sindicato agrario COAG, Fernando García, considera que la medida propuesta por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, es «una tomadura de pelo». «La Junta nos quitó los tres euros por tonelada, la industria cada vez se preocupa menos por el recolector y ahora, si aprueban esta medida, será la destrucción del tejido agrícola del noroeste de España», se lamenta.
Ante lo grave de esta situación, numerosos agricultores se plantean ya abandonar el cultivo de la remolacha en la comarca de Toro. «Son muchos los que hablan en serio de dejarlo, porque últimamente todo son trabas desde los dos frentes que hay abiertos, que son las ayudas a la agricultura y la industria», comenta García. Sobre esta última, el responsable de COAG denuncia la actitud «cicatera» que emplea para con el cultivador, dado que el precio pagado «no se ajusta con arreglo a los costes» y repercute en una pérdida en los ingresos del remolachero.
Actualmente, el porte por tonelada que obtienen los agricultores toresanos es de 37 euros, pero calculan que la reducción de las ayudas por parte de las instituciones podría dejar una cifra de en torno a 29 euros. Algo que sería «inasumible e irrisorio en comparación con lo que se paga otros países europeos», según las palabras de Fernando García.
El agravio al que, consideran, se está exponiendo al agricultor, repercutirá en otros sectores íntimamente ligados a la producción de remolacha. Así, desde COAG prevén una destrucción de la riqueza que repercutirá a profesionales de las semillas, abonos o transportes, entre otros. «Aplicar medidas sobre el campo significaría la desaparición de esta parte de la península», sentencia García.
Fuente: laopiniondezamora.es
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