AGRO 2.0 ESPAÑA La Ley del Olivar se estanca por el retraso en dotarla de presupuesto

Cuando por fin vio la luz en septiembre de 2011, la Ley del Olivar estaba llamada a ser una tabla salvavidas para el sector. Por entonces, los precios del aceite estaban por los suelos -y llevaban así ya dos campañas- por lo que la nueva normativa venía a poner en valor y a dignificar no solo el producto, sino también todo lo que le rodea, ya sea trabajadores, paisaje, cultura, calidad... En fin, todo lo que se puede decir de un cultivo que es el principal motor económico de la provincia jienense. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, afirmó hace un año que esta ley ofrecía «oportunidades a muchos andaluces» y pretendía hacer «sostenible» al sector. Según sus palabras, el Gobierno pretendía conseguir que «el olivar sea apreciado generalmente por toda la población española y que se convierta en nuestro cultivo de referencia». No solo eso, sino que con ella se quería hacer «más sostenible» este sector y que continuara siendo la base fundamental de «muchas» economías y municipios de Andalucía, «pero sobre todo que tenga futuro».

Había costado mucho tiempo y esfuerzo ponerla en marcha. Hicieron falta dos años para que el Consejo de Gobierno aprobara su proyecto y dos años más para que el Parlamento le diera luz verde con el único apoyo del PSOE. Y llegó el momento en el que la comunidad se dotó de una ley que era la única en Europa para un solo cultivo, con el objetivo de «consolidar el liderazgo mundial de Andalucía en el sector del olivar», dijo la Junta.
Nacía, sin embargo, con una pega principal, según el sector. Carecía de partida presupuestaria, la cual vendría detallada en un futuro. Y ese futuro pasaba por dos peajes. El primero era la constitución del Consejo Andaluz del Olivar en el plazo máximo de nueve meses a partir de la entrada en vigor de la ley. Este paso ya se cumplió en marzo de este año, con un órgano formado por 26 miembros con el objetivo de mantener y mejorar el cultivo, la promoción de sus productos y el fomento de la calidad. Además, también estaba a ser llamado el órgano competente para dar informes del Plan Director del Olivar.
Y éste es precisamente el segundo punto que había que cumplir antes de que hiciera un año de la entrada en vigor de la ley. Haciendo un cálculo mental, el plazo acabó en septiembre de 2012, hace más de dos meses. La importancia de este Plan radica en que desde el principio se le consideró el instrumento básico para la coordinación y la vertebración del sector, además de ser imprescindible para dotar a la ley de un presupuesto económico.
Y es aquí donde encontramos el problema. No solo lleva ya un retraso de dos meses, si no que además no hay visos de que se apruebe a corto plazo. Fuentes de la Junta de la Consejería de Agricultura explican sobre este 'stand by' a las negociaciones que se están llevando en Europa sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC). «Ésta afecta profundamente al olivar, por lo que estamos a la espera de su aprobación definitiva para concretar el camino que debe seguir el Plan Director y, por lo tanto, la Ley del Olivar». No menciona, sin embargo, que hace un año, cuando se aprobó la normativa andaluza, ya se estaba en pleno debate sobre la PAC. De hecho, la presentación oficial de la propuesta comunitaria se produjo en octubre del año pasado, aunque ya antes se habían ido conociendo algunos datos de manera no oficial. La falta de liquidez de la Junta de Andalucía es palpable, situación que podría contribuir a este retraso en su aprobación, pese a haber traspaso el plazo al que se comprometió.
No nació con buen pie
La ley no nació ya con buen pie, ya que no había unanimidad ni entre los políticos ni en el sector productor. El Parlamento andaluz lo aprobó con los votos del PSOE, mientras que el PP se abstuvo e IULV-CA votó en contra. El portavoz popular, José Enrique Fernández de Moya, criticó que la ley careciera de dotación presupuestaria y delegara sus compromisos en futuros reglamentos y planes. Para el PP es una ley teórica más que práctica. «Presentar una ley sin dinero es como anunciar la muerte antes de que la ley nazca», apuntó entonces.
También las organizaciones agrarias estaban divididas. COAG, UPA y Faeca veían «justificable y necesaria» la existencia de esta ley, mientras que Asaja continúa pidiendo un plan de modernización y reconversión y «no una ley». Para esta organización, es necesario crear medidas «nítidas» de fomento del olivar y planes de modernización, por lo que pide la creación de un plan de reconversión «muy definido» por tipos de olivar y, sobre todo, por capacidad de mecanización y por su disponibilidad del agua. «Hay que mecanizar el olivar, si no tendrá un futuro incierto», dice Asaja.

Fuente: ideal.es