La futura Ley Agraria de Castilla y León condicionará las ayudas públicas al tamaño de las explotaciones, al tiempo que impulsará la modernización del campo con medidas que faciliten el acceso de los jóvenes al sector. También, servirá para crear la figura del mediador de la cadena de valor para defender a los agricultores. En concreto, se encargará de controlar y denunciar las prácticas abusivas que pudieran detectarse entre los productores y la industria o cualquier otro intermediario, y podrá presentar denuncias ante el Tribunal de la Competencia en nombre de agricultores y ganaderos, según el borrador de la norma que publica en su edición de hoy El Norte de Castilla.
El ajuste de las ayudas públicas al tamaño será “una forma de racionalizar el gasto y evitar que haya excesos de ayudas públicas bajo el criterio privado”, explica la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, que precisa que la filosofía de la norma pasa por adaptar el sector agrario de la Comunidad a la actual Política Agraria Común (PAC), evitar los desequilibrios de la cadena de valor y regular la calidad alimentaria.
“Nunca ha habido una norma con rango de ley para definir la situación agraria de Castilla y León y queremos clarificar todo el conjunto normativo, que los empresarios agroalimentarios, los agricultores y los ganaderos vean en un único texto todos los compromisos y estrategias que planteamos al sector. Se trata de hacer más fácil la vida a quienes bien en el campo y del campo”, resume la consejera.
Entre otras novedades, la norma implicará crear un banco de tierras que funcionará como un registro que conectará la oferta de las parcelas rústicas o cultivadas con las demandas de los agricultores. Además, por primera vez se regulará la concentración parcelaria con carácter privado; se realizará una nueva clasificación de las infraestructuras agrarias para facilitar la iniciativa privada y se establecerán fórmulas alternativas de financiación.
El anteproyecto de la Ley Agraria, que podría recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno antes de que concluya este mes, incluye una nueva regulación de los mercados de productos agrarios, lo que se conoce como lonjas, y también busca establecer todos los instrumentos al alcance de la Junta para conseguir el equilibrio de la cadena de valor y que los productores obtengan precios que les permitan cubrir los costes.
Fuente: leoniticias.com
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