AGRO 2.0 ESPAÑA: La distribución pide que se implique a la industria en la nueva Ley alimentaria

Según las patronales de la distribución, la concentración de las grandes empresas industriales resulta muy superior

Grandes superficies, distribuidores y cadenas de supermercados han unido sus voces para reclamar que no se considere la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria como «un instrumento para debilitar la posición negociadora» de las empresas que venden directamente al consumidor, encargadas de ofrecer «las mejores condiciones de surtido y precio posibles» junto con sus proveedores.

En un comunicado conjunto, las patronales Anged, Asedas y ACES, que representan los intereses de empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Mercadona o Eroski, han demandado que la reforma de la cadena alimentaria «respete las reglas de un mercado competitivo, sin generar más intervencionismo». Además, frente a la «imagen de posición dominante y concentración que algunas voces otorgan a las empresas de distribución», señalan que tres cuartas partes de la producción agrícola se venden directamente a la industria alimentaria, por lo que, a su juicio, la Ley debe implicar cambios sobre todo para este eslabón de la cadena.

Anged, Asedas y ACES dicen compartir el objetivo del ministro Miguel Arias Cañete de impulsar una reforma dirigida a mejorar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario «dentro y fuera de España». No obstante, subrayan que «para ser socialmente responsables, es esencial el respeto a las reglas de un mercado competitivo que sirva a los consumidores, especialmente en un momento de grave crisis económica».

Según estas tres organizaciones, la concentración de las grandes empresas industriales resulta muy superior a la de la distribución, por lo que «la ley de la cadena alimentaria, como su propio nombre indica, debe velar por las buenas prácticas de todos los eslabones que participan en ella, especialmente del sector industrial en sus relaciones con los productores agrarios, dando seguridad a los pagos y sostenibilidad a los productores». «A diferencia de la industria, las relaciones entre la distribución y sus proveedores están sometidas desde 1996 a una intensa regulación», subrayan.

Para Anged, Asedas y ACES, el objetivo de la Ley debe ser proporcionar a los consumidores «los mejores productos con la máxima calidad y al mejor precio posible». Por este motivo, reclaman que la reforma de la cadena alimentaria se haga «desde criterios económicos responsables, sin caer en planteamientos demagógicos que dificulten una solución sólida y equilibrada de los problemas de los productores y, fundamentalmente, asegurando la defensa de los consumidores a los que sirven todos los sectores implicados».

Fuente: abc