La diputada de Agricultura, Irene Pardo, comparecerá el próximo miércoles ante las Juntas Generales para ofrecer los datos que obran en su poder respecto a la polémica planta de purines de Carranza, que entró en punto muerto hace dos años con las obras ejecutadas al 30% y tras un gasto público superior a los 10 millones de euros. Hace algunos meses el Tribunal Vasco de Cuentas emitió un dictamen que pone de manifiesto el descontrol institucional a la hora de supervisar la concesión de subvenciones. Entre otras operaciones, según el órgano fiscalizador, la Diputación entregó dos millones de euros que no fueron justificados.
«Es incomprensible que se diera la ayuda a un proyecto que reúne tantas irregularidades y que no se haya solicitado ya la devolución», lamentaron ayer los representantes del grupo de Bildu en la Cámara vizcaína, que, junto al PSE, habían solicitado la comparecencia de Irene Pardo hace ya algunas semanas. La campaña electoral mantiene paralizadas las comisiones en las Juntas Generales.
Fuente: elcorreo.com
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