AGRO 2.0 ESPAÑA: La C. Valenciana se suma a la iniciativa de usar parados en tareas de prevención de incendios

Para paliar los terribles efectos que ha dejado este año en nuestro país la campaña de incendios, que ha asolado 184.500 hectáreas de montes y bosques y se ha cobrado la vida de 10 personas, el Gobierno del PP ha recurrido una vez más a su saco de ocurrencias. En esta ocasión ha echado mano de una antigua legislación (la Ley General de la Seguridad Social) para, mediante un Real Decreto Ley publicado en el BOE del 7 de septiembre, obligar a los parados a trabajar en la limpieza de los bosques y montes que se han visto afectados por los incendios. Todo ello en un contexto en el que los recortes se han cebado especialmente con el sector. Una vez más no sólo ponen en evidencia su ignorancia en la materia, sino que además infravaloran a los profesionales que se dedican a la prevención y extinción de incendios, que precisamente han sido víctimas de esta política de recortes. El desastre registrado en la campaña de este año ha puesto de manifiesto que estas tareas tendrían que ser desarrolladas por trabajadores cualificados, con un contrato digno, y en jornada anual completa.

Parece que el Gobierno del PP olvida que las personas en situación de paro han sido anteriormente trabajadores que durante su periodo en activo han aportado con sus cotizaciones tanto a la Seguridad Social como a cubrir la prestación por desempleo, y por lo tanto tienen derecho a ella. El Gobierno no les está regalando nada, simplemente se trata de justicia social, algo que el PP se ha encargado de pisotear desde que ha llegado al poder.

Esta estrategia pone en blanco sobre negro las pretensiones del PP de criminalizar a los parados, olvidando que estas personas no están en esa situación por gusto, sino por la incapacidad de este Gobierno de reactivar la economía para generar empleo. Y así, en vez de aprender la dura lección de la campaña de incendios de este verano aplican su política de parches utilizando parados para llevar a cabo una labor que tiene definido un claro perfil profesional. En vez de aprovechar la ocasión para generar empleo en el sector forestal, pretenden utilizar parados a coste cero. Esto no hace más que reflejar la demagogia de este Gobierno, que clama a los cuatro vientos por la creación de empleo y a la hora de la verdad recurre a los parados en una especie de castigo por su situación.

Pero todavía hay más, los parados estarán obligados a aceptar estos trabajos puesto que de rechazarlos, podrían ser sancionados con la Ley de Infracciones y Sanciones con la consideración de falta grave, y con ello podrían perder desde tres meses de prestación hasta la extinción total de la misma.

Parece que nadie se ha parado a pensar en las consecuencias de esta medida, enviando a desarrollar tareas forestales tales como desbrozar o manejar una motosierra a personas sin la experiencia y la formación adecuada, que se podría traducir en una alta accidentabilidad y la puesta en riesgo la salud de los parados seleccionados para esas labores.Al contrario que en el Principado de Asturias y Canarias, que ya se han pronunciado en contra de utilizar esta medida, en la Comunidad Valenciana la empresa encargada de realizar los trabajos de limpieza en los montes quemados, Tragsa, ya ha encargado a la mutualidad Muprespa realizar reconocimientos médicos a los parados preseleccionados para llevar a cabo esas tareas en el plazo de menos de un mes. Más de 200 parados han pasado ya por ese trámite y están a la espera de que en los próximos días reciban la notificación municipal sobre el lugar donde empezarán a trabajar para Tragsa.

Es curioso que esto suceda en una comunidad autónoma en la que al mismo tiempo se está llevando a cabo un expediente de regulación de empleo en la empresa pública dependiente de la Generalitat encargada de la gestión medioambiental, Vaersa, que afectará a unos 350 trabajadores después de estar sometida a recortes en los dos últimos años. Podría darse incluso la posibilidad de que el Gobierno regional recurriese a parados procedentes de esa misma empresa, o incluso de Tragsa, buscando con ello el gratis total.

Por otro lado y en la misma línea demagoga, desde la Administración central se acentúa el hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se incrementa la dotación para incendios forestales en un 23%, cuando en los ejercicios de años anteriores se recortó esta partida en más de un 40%. En comparación con la cantidad de hectáreas afectadas por los incendios es evidente que la cantidad contemplada en los PGE es claramente insuficiente, y que la partida que más se van a resentir es la relativa a la prevención de incendios.

Fuente: boletinagrario