AGRO 2.0 España 'exporta' a 12 países latinoamericanos su ley de cadena alimentaria

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha celebrado en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) una videoconferencia con 12 países latinoamericanos en la que ha explicado los fines de la ley de mejora de la cadena alimentaria. Según ha informado el Ministerio en un comunicado, el subdirector general de Estructura de la Cadena Alimentaria, José Miguel Herrero, ha explicado el proyecto de ley a representantes de Brasil, Ecuador, Perú, México, Colombia, El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, Argentina, Costa Rica y Miami. Herrero a destacado que la iniciativa legislativa busca "aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español" y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores, para que redunde en beneficio tanto del sector como de los consumidores.

La videoconferencia, según destaca el Ministerio, se ha organizado tras constatarse la similitud entre las razones que motivaron la ley en España y las necesidades de los citados países en materia agroalimentaria, y ha servido para identificar acciones de cooperación mutua en el futuro.
Herrero ha subrayado el establecimiento en la ley de un modelo mixto de regulación y autorregulación en las relaciones comerciales entre los agentes, esta última que se plasmará en un Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria.
Entre otras reglas, obliga a formalizar contratos por escrito a partir de 2.500 euros, cuando solo una de las partes es un productor primario o agrupación de estos o una pyme y el otro no, y se prohíben modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos adicionales sobre el precio pactado.
También se regulan las subastas electrónicas, se obliga a conservar documentos durante dos años, y se crea un Observatorio de la Cadena Alimentaria, ha recordado.
En cuanto al régimen de control, ha añadido que se tipifica las infracciones y las sanciones correspondientes, que en función del ámbito de actuación de las partes gestionarán la comunidad autónoma correspondiente o el Estado y que, entre otras, introduce como infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago de alimentos.
Por último, se ha referido a la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios que sustituirá a la Agencia para el Aceite de Oliva, que comprobará las denuncias presentadas por incumplimiento de la ley.

Fuente: agroinformacion