Profesionales agrícolas, comercializadores, representantes de colectivos agrarios, así como personalidades del ámbito jurídico y una notable presencia de estudiantes de la Universidad de Almería, atendieron a las explicaciones que ofrecieron expertos en legislación sobre las normativas que se cuecen en estos momentos en el Congreso de los Diputados con las que el Gobierno trata de mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentario y la dimensión de la oferta, y por tanto, el poder de negociación de los productores para procurar incrementar la rentabilidad de su actividad. Las exposiciones se llevaron a cabo, en forma de ponencias, en la primera jornada del II Congreso Agricultura Intensiva y Justicia que organiza el Ayuntamiento de Almería y en el que colaboran, la Diputación Provincial, instituciones vinculadas al derecho, empresas agrícolas, así como entidades financieras.
Gabriel Amat, presidente de la Diputación Provincial de Almería inauguró el evento acompañado de Manuel Guzmán, teniente alcalde y concejal de Fomento y Servicios Ciudadanos del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, concejal del Consistorio almeriense y organizador del congreso, Lourdes Molina, presidenta de la Audiencia Provincial de Almería y Ramón Herrera, vicedecano del Colegio de Abogados de Almería. Amat, acudió a sus recuerdos para resaltar la visión de progreso del campo almeriense con los agricultores como verdaderos protagonistas. El presidente de la Diputación destacó la capacidad de 'visionarios' que tuvieron en su día, hace medio siglo, los productores que comenzaron a hacer una huerta donde apenas existía tierra de baldío. Entre los asuntos más importantes de los que depende el futuro de la agricultura intensiva de la provincia, Gabriel Amat, señaló uno por encima del resto: la unión del sector y la consiguiente concentración de la oferta.
Amat en su discurso advirtió que, «si hemos conseguido dar un giro, en tan solo una año, a la forma de producir, introduciendo la fauna auxiliar en los invernaderos para controlar las plagas, generando la máxima calidad en productos hortofrutícolas entre los que se comercializan a nivel mundial, también debemos conseguir la unión de este sector y que seamos capaces de hacernos respetar ante nuestros compradores directores, mejorando la renta de nuestros agricultores».
La importancia de la agricultura intensiva como principal motor de la economía provincial fue una de las afirmaciones más repetidas entre los participantes en la inauguración del acto. Manuel Guzmán destacó con datos el motivo por el que los agricultores de la provincia, así como las empresas comercializadoras y las empresas de la industria auxiliar, todos ellos como foco activo de generación de empleo, requieren del apoyo de las administraciones públicas para determinar una legislación que favorezca su estabilidad y progreso, eliminando trabas que impidan su evolución, y por tanto el desarrollo económico y social de su entorno.
Los juristas participantes en la inauguración, ambos, pusieron de relieve la intención con la que se abordan dos de las temáticas que desarrollarían a continuación los ponentes: 'La reestructuración de la cadena alimentaria', con especial interés en el Proyecto de Ley que se encuentra en trámite parlamentario, y 'La integración de las cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario', cuyo proyecto de Ley elaborado por el Gobierno, también se encuentra en discusión en el Congreso.
Equilibrio de la cadena
Para profundizar en el asunto que atañe a la Administración central en la procuración de equiparar las fuerzas en la actuación de los agentes que intervienen en la cadena alimentaria, la organización contó con José María de la Cuesta, catedrático de la Universidad de Burgos y especialista en Derecho Agrario. Su exposición se ciñó a detallar los artículos del Proyecto de Ley de mejora de la cadena agroalimentaria, resaltando las semejanzas y modificaciones que se producen con la nueva normativa comparándola con marco regulados, sobre todo atendiendo al Derecho Civil.
La futura normativa, que deja abierta la autorregulación a través de la formalización de contratos escritos entre los operadores que realizan la acción comercial, «en una de la modificaciones latentes otorga a las interprofesionales agroalimentarias mayor capacidad de actuación, a la hora de negociar, incluso precios, colocándolas en una situación de cercanía a las grandes cadenas de distribución.
José María de la Cuesta insistió en su intervención en el hecho de que, actualmente, «buena parte de países de la Unión Europea están legislando para favorecer el equilibrio de la cadena agroalimentaria, lo que pone de relieve la importancia que tiene por las dimensiones de desequilibrio que ha adquirido el ámbito del comercio agroalimentario». El fin último de la futura normativa, es generar un sistema que estabilice los precios y favorezca a los productores en la negociación de la venta de productos, así que como garantice el derecho de los consumidores.
En la última ponencia de la jornada, previa a la mesa redonda que firmarían todos los ponentes, junto al moderador, Ramón Herrera, vicedecano del Colegio de Abogados de Almería, Victorio Teruel, jefe del Área de Gestión de Riesgos Químicos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, profundizó en la situación de la normativa aplicable a los contenidos de nitratos en frutas y hortalizas.
Fuente: ideal.es
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